El juzgado retoma este viernes el caso Diputación con más declaraciones y requerimientos a las empresas implicadas

El vicepresidente, Carlos García Sierra, y el jefe de Fomento, Manuel Borrego, el día de sus declaraciones.

El juzgado número uno cita a otro de los funcionarios señalados, el coordinador de vialidad, y al jefe de la sección de carreteras de La Salina. Requiere a las cinco empresas querelladas y a la Diputación información sobre los criterios de adjudicación y el volumen de contratos con las constructoras implicadas.

Han pasado cuatro meses desde las últimas declaraciones en el juzgado la 'trama Diputación', el presunto caso de corrupción en el que el área de Fomento de La Salina benefició a una serie de empresas con contratos irregulares por valor de, al menos, 12 millones de euros. Y la causa vuelve a ponerse en marcha este viernes en una 'segunda fase' de las diligencias previas de un caso en el que están imputados el vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, el jefe del área de Fomento, Manuel Borrego, y cinco de las principales empresas contratistas de la Diputación.

 

Este viernes están previstas nuevas declaraciones en la instrucción de este caso. Entre los requeridos para presentarse, a partir de las 9.30 horas en los juzgados de plaza Colón, está otro de los funcionarios señalados. Se trata de Germán Berrocal, coordinador de vialidad del ára de Fomento y al que la Diputación apartó desde el primer día, aunque no está cesado ni expedientado y el equipo de Javier Iglesias le ha conferido de forma temporal otras funciones. Está en la misma situación que Manuel Borrego, que ya declaró el pasado día 25 de marzo como uno de los principales señalados en este caso, ya que era el responsable de los contratos ahora bajo sospecha y colaborador directo del responsable político, García Sierra, vicepresidente y diputado de Fomento durante la época que se investiga.

 

Además de Berrocal, están citados el jefe de la sección de carreteras, Gregorio San José; y representantes de dos empresas que participan habitualmente en las licitaciones para llevarse contratos de la Diputación, pero que no están entre las investigadas. Se suman a las empresas que sí están querelladas y que ya tuvieron que hacer declaración el pasado día 3 de junio.

 

En este sentido, el juzgado ha puesto el foco sobre una cuestión concreta, que es el volumen de contratación de las empresas que están imputadas por haber sido las supuestas beneficiarias de los presuntos contratos irregulares. Así, el titular del número uno ha pedido a Francisco Barrueco, S.L., Autopalas, S.L., Alquileres Salamanca, S.L., Transpial, S.L. y María Luisa Barrueco aporten documentación sobre los contratos que firmaron con las administraciones entre 2008 y 2012.

 

El motivo es que, en las licitaciones bajo sospecha, la Diputación establecía como condición para poder concurrir tener acreditados contratos similares por una elevada cuantía; esta exigencia se hacía, sobre el papel, para acreditar la solvencia de las empresas a la hora de hacer obras, pero también limitaba notablemente la concurrencia. Es decir, que sólo si se habían hecho obras con las administraciones, entre ellas, con la Diputación, se podía aspirar a más obras, lo que ponía los contratos de obras de La Salina en manos de un ramillete de empresas. Entre ellas, las investigadas, que contando desde el año 2008, suman licitaciones por un importe total cercano a los seis millones de euros y que se extienden desde el citado ejercicio hasta el pasado 2014.

 

Desde el principio, el PSOE de Salamanca, impulsor de la querella, ha puesto el foco sobre el trato de favor a determinadas empresas por parte de la Diputación de Salamanca en la concesión de contratos de obras y también maquinaria.