El juicio del 'Caso Arroyo' se pospone como mínimo para julio por problemas de agenda de los abogados

El juicio por el 'Caso Arroyo', que sentará en el banquillo al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al político del PP Jesús García Galván y a otros cuatro imputados más, no se iniciará el 24 de junio y podría posponerse para el mes de julio o inclusive para después del verano debido a problemas de agenda de algunos de los abogados.

Así se recoge en una providencia de la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, y en la cual se aclara que el cambio de fechas, que pospondría el juicio como mínimo a julio, es por causas ajenas a este tribunal, con un calendario ya de por sí muy apretado, y únicamente debido a los problemas que los letrados de cuatro de los encausados le han trasladado para poder asistir debido a que cuentan con otros compromisos.

 

Uno de ellos, el propio decano de los abogados, Jesús Verdugo, representante de Jesús García Galván, ya anunció al tribunal nada más fijarse la celebración del juicio, con jornada inaugural prevista para el 24 de junio, su imposibilidad de acudir a las dos última sesiones del proceso con motivo de su asistencia a un congreso, aunque también el letrado Javier Gómez de Liaño, que defiende al alcalde de Arroyo, ha advertido de la imposibilidad física de estar en varias sesiones.

 

Ante tal circunstancia, Trebolle ha propuesto la celebración del juicio entre los días 8 y 19 de julio y, mediante la citada providencia, se ha dirigido a los abogados a fin de que en el transcurso de una audiencia manifiesten si existe alguna causa que les imposibilite su asistencia en las fechas señaladas.

 

Por ello, y a tenor de la dificultad para ajustar agendas, la celebración del juicio en julio está en el aire e incluso podría aplazarse hasta después del verano, dado que el propio tribunal encargado del caso se encuentra desbordado y con un calendario de vistas tremendamente apretado.  

 

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.