El Grupo Socialista en las Cortes exige la fiscalización de los contratos realizados en la Diputación de Salamanca entre 2010 y 2014

Ana Redondo y José Francisco Martín (Foto: Europa Press)

La portavoz parlamentaria, Ana Redondo, y el secretario general del Grupo, José Francisco Martín aseguran que "pasan cosas raras".

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado 15 enmiendas en las que reclama que el Consejo de Cuentas fiscalice el sistema de empresas y fundaciones autonómicas así como los contratos de las diputaciones, del nuevo hospital de Burgos y la Ciudad del Medio Ambiente y los préstamos de ADE e ITACyL a fin de hacer "aflorar la corrupción".

  

Así lo han puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria, Ana Redondo, y el secretario general del Grupo, José Francisco Martín, quienes han reclamado que, en un "ejercicio de transparencia", el Grupo Popular permita, con su voto a favor, que el Consejo de Cuentas fiscalice estos organismos y sus contratos en un intento de "generar anticuerpos" para que la corrupción "no se extienda y termine extirpándose".

  

De este modo, con el fin de "acercar la labor" del Consejo de Cuentas a las preocupaciones de la sociedad, el PSOE defenderá 15 enmiendas con las que se reclama la fiscalización de las empresas públicas y fundaciones de la Comunidad, la "administración B" y el "nido de las serpientes de la corrupción  de la Comunidad Autónoma", según Martín, y el "origen de corruptelas, ilegalidades y despilfarro", según Redondo.

  

Tras precisar que muchas de estas empresas y fundaciones han estado en el "punto de mira" del Consejo de Cuentas pero que se han encontrado con el "veto" y el "enfrentamiento directo" de la Junta y del Grupo Parlamentario Popular, Redondo ha explicado que este "entramado" ha propiciado la "desinstitucionalización de la función pública" y "enjuagar el Presupuesto".

 

"PASAN COSAS RARAS" EN LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

  

El segundo bloque de enmiendas busca la fiscalización de todos los contratos realizados en las diputaciones de León y Salamanca entre los años 2010 y 2014 dado que se conoce que en ambas instituciones "están pasando cosas raras", a lo que ha sumado una petición para hacer lo propio con los contratos menores de las nueve diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

  

Los contratos de obra pública del nuevo Hospital de Burgos y la Ciudad del Medio Ambiente de Soria deben de ser objeto e investigación por parte del Consejo de Cuentas, según Martín, ya que el PP "negó" la entrega de esta documentación, que en el caso del hospital de Burgos tiene que ver, entre otros aspectos, con la petición de la Junta de un crédito de 100 millones para la concesionaria, que se encuentra en situación de "quiebra técnica".

 

LOS CASOS DE ADE E ITACyL

 

Además de la petición de "auxilio" al órgano que preside Jesús Encabo Terry para dilucidar el impacto de las tramas Púnica y Gürtel en la Comunidad, el secretario general del Grupo Socialista se ha referido a la fiscalización de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido tanto a la ADE como al ITACyL para la financiación, a su vez, de empresas de ambos campos.

  

"Es algo que nos está preocupando mucho", ha aseverado antes de referirse al "descontrol absoluto" con el que se conceden los créditos en ambos organismos y a detenerse en el caso del Instituto Tecnológico Agrario, que "nunca" ha facilitado información sobre a quién y cómo concede los préstamos, acción que ha sido calificado de "absoluto desastre" en anteriores fiscalizaciones del Consejo de Cuentas.

 

Preguntado sobre la existencia de pruebas a propósito de esas presuntas irregularidades en el ITACyL, Martín ha asegurado que tiene "constancia absoluta" de que "ha pasado algo", ya que tras cuatro años no tiene la relación de empresas beneficiadas por los préstamos ni tampoco se lo ha facilitado Transparencia Internacional, ONG a la que la Junta tampoco ha hecho entrega de esta documentación.

  

"Será por algún problema técnico", ha ironizado antes de reconocer la dificultad de que sus enmiendas salgan adelante, deseo que ha enmarcado, de nuevo con ironía, en la "nueva línea de querer regeneración política y transparencia" por parte del PP.

  

La labor de fiscalización del Consejo de Cuentas sería el "complemento perfecto" a las investigaciones judiciales abiertas, según el secretario general del Grupo, tras lo que la portavoz ha criticado que los 'populares' "no entiendan y nieguen la democracia" cuando se ciñen a una sola herramienta de control, la judicial, cuando las responsabilidades son también contables, financieras y políticas.

  

"Si quieren transparencia, que empleen los controles que ya existen", ha reclamado Redondo, quien previamente había abogado por aprovechar los recursos de lucha contra la corrupción con los que cuenta la Comunidad y que se recogen en el Estatuto de Autonomía, entre ellos el Consejo de Cuentas, que es "muy importante aunque está infrautilizado".

  

A su juicio, estos mecanismos son "antídotos" para evitar que haya más corrupción y para crear anticuerpos a fin de que la corrupción "no se extienda y termine extirpándose". "Es un ejercicio intolerable de gatopardismo", ha criticado la portavoz.