El Gobierno subvenciona con 8.528 euros a la Junta Arbitral de Consumo de Salamanca

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Consumo, publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las subvenciones que concede a las Juntas Arbitrales de Consumo, correspondientes al ejercicio 2012.
 
Estas subvenciones del Gobierno tienen la finalidad de impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, valorando la gestión y administración del arbitraje llevado a cabo por las Juntas Arbitrales de Consumo que lo integran, y, en definitiva, de procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, resolviendo de forma extrajudicial los conflictos derivados de las relaciones de consumo que se establecen en las contrataciones de bienes y servicios efectuadas de forma física o en soporte electrónico.
 
 
A la Junta Arbitral Municipal de Salamanca destina 8.528,09 euros. Tales subvenciones se conceden con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales de Igualdad.
 
 
La Resolución del Instituto Nacional de Consumo distingue entre las Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatutos de Autonomía, entre las que se encuentra la de Castilla y León, a la que se destina una subvención de 18.876,85 euros, y las Juntas Arbitrales adscritas a Administraciones Locales, que divide entre Provinciales, Mancomunidades y Municipales.
 
En estas últimas están presentes las Juntas Arbitrales Municipales de Ávila, con una subvención de 5.976,66 euros; de Burgos, con 21.965,30 euros; de León, con 20.652,74 euros; de Palencia, con 8.069,91 euros; de Salamanca, con 8.528,09 euros; de Segovia, con 4.937,69 euros; de Soria, con 4.001,85 euros; de Valladolid, con 8.254,80, y de Zamora, con 3.966,731euros.
 
Estas subvenciones del Gobierno tienen la finalidad de impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, valorando la gestión y administración del arbitraje llevado a cabo por las Juntas Arbitrales de Consumo que lo integran, y, en definitiva, de procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, resolviendo de forma extrajudicial los conflictos derivados de las relaciones de consumo que se establecen en las contrataciones de bienes y servicios efectuadas de forma física o en soporte electrónico.