El Gobierno navarro regula que no se puedan colocar pancartas, carteles ni comunicaciones en edificios administrativos

Lourdes Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniáin en rueda de prensa.
El Gobierno de Navarra ha acordado aprobar instrucciones para garantizar el buen uso de los bienes y espacios públicos de la Administración de la Comunidad foral y de sus organismos autónomos por parte de los empleados públicos.
PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha acordado aprobar instrucciones para garantizar el buen uso de los bienes y espacios públicos de la Administración de la Comunidad foral y de sus organismos autónomos por parte de los empleados públicos.

Se ordena, en concreto, que los edificios, oficinas, dependencias o centros públicos de la Administración de Navarra y de sus organismos autónomos luzcan los símbolos y las rotulaciones oficiales autorizadas, sin que puedan colocarse, ni en fachadas ni en las estancias interiores, pancartas, carteles, pasquines, u otros mensajes, anuncios o comunicaciones, salvo en aquellos espacios habilitados al efecto (tablones de información sindical).

El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que "los bienes de la Administración son para prestar el servicio y no están al servicio de intereses particulares o colectivos por plenamente legítimos que éstos sean".

Según ha precisado con estas instrucciones, "se trata de que ni las fachadas de los edificios ni los vehículos de emergencia por ejemplo sean utilizados para otros fines que los de cumplir con el servicio". Ha advertido, además, de que su incumplimiento llevará aparejado las sanciones recogidas en "los estatutos de Función Pública y todos los que regulan las actuaciones de los empleados públicos".

Sánchez de Muniáin ha señalado que el Gobierno pretende que "quede de manera clara y meridiana que no se permite usar los edificios ni los bienes patrimoniales adscritos al servicio público para otro fin distinto al que están concebidos". "No se pueden utilizar ni vehículos ni fachadas de edificios para intereses particulares o colectivos de los empleados públicos, sino para prestar el servicio", ha insistido.

EN LAS INSTRUCCIONES

En el caso de los edificios, y como consecuencia de campañas comunicativas excepcionales, podrán establecerse salvedades sólo con autorización del máximo responsable del departamento u organismo autónomo al que el edificio se encuentre asignado, y en todo caso, con absoluto respeto a la legalidad vigente.

El texto aprobado también especifica que los vehículos oficiales o de propiedad de la Administración y de sus organismos autónomos, y los vehículos adscritos a la prestación de un servicio público, llevarán las rotulaciones oficiales o las privadas autorizadas, sin que puedan colocarse, en ningún caso, otros mensajes, anuncios, comunicaciones o símbolos sobre ellos.

Tampoco en los uniformes y prendas de trabajo se podrá exhibir ningún tipo de mensaje o grafismo ajeno a ellas.

Cualquier anuncio, mensaje o comunicación deberá colocarse en los lugares y tablones de anuncios que establece la normativa vigente en materia de derechos sindicales y, en ningún caso, serán ofensivos a las personas o instituciones, ni podrán vulnerar los derechos fundamentales ni las libertades públicas, y serán respetuosos con los límites establecidos en la legalidad vigente.

"USO PARTICULAR E INADECUADO"

Según el Gobierno, el acuerdo justifica estas medidas en el hecho de que en los últimos tiempos se constata que, para dar mayor relevancia a algunas reivindicaciones laborales y de otra índole, determinados colectivos de empleados públicos están sirviéndose, además de los medios legales a su alcance, de elementos patrimoniales de la Administración" pública, utilizando "como soporte para su exhibición las fachadas de edificios públicos y vehículos o elementos adscritos al servicio público".

Ello supone, a juicio del Gobierno de Navarra, en algunos casos, "un uso particular e inadecuado de estos bienes" y contraviene la obligación de los empleados "de actuar con imparcialidad y neutralidad y de abstenerse de manifestar opiniones cuando actúan como servidores públicos".

A juicio del Ejecutivo y con arreglo a los principios recogidos en el Código Orientativo de Buenas Prácticas Administrativas, "el servicio público y sus bienes, por dicha exigencia de neutralidad y por estar dirigidos a la ciudadanía, deben estar al margen de cualquier expresión particular de sus servidores, sea política, social o de cualquier ámbito".