El Gobierno exige a la Generalitat la devolución de documentos privados al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca

Fueron reclamados en su día y su restitución ha sido nuevamente solicitada mediante requerimiento, el 5 de diciembre de 2014.

El ministerio de Educación, Cultura y Deporte exige a la Generalitat de Catalunya la devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica "de todos aquellos documentos de naturaleza privada que no hayan sido restituidos o no puedan ser entregados o restituidos a sus legítimos propietarios y derechohabientes, que fueron reclamados en su día y cuya restitución ha sido nuevamente solicitada mediante requerimiento de 5 de diciembre de 2014", para el cumplimiento de la Ley 21/2005.

 

Al menos eso es lo que recoge una respuesta en el Congreso de los Diputados consultada por TRIBUNA en la que hace referencia además a que el Gobierno mantiene "contactos periódicos con la Generalidad de Cataluña sobre el proceso de restitución de documentos amparado en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, aunque se considera que dicho proceso se encuentra próximo a finalizar tras el último envío de documentos al Archivo Nacional de Cataluña, el pasado 4 de diciembre de 2014".

 

"Las diferencias de interpretación existentes entre ambas administraciones se centran, por una parte, en la consideración de la titularidad de los fondos militares y de orden público tras la promulgación de los Decretos de 4 y 5 de mayo de 1937, disponiendo pasen a depender directamente del Gobierno de la República todos los servicios de seguridad pública en Cataluña, a contar desde esta fecha, mediante los cuales la República recuperó, a petición del presidente de la Generalidad, las competencias en materia militar y de orden público", señala el propio Gobierno.

 

De igual manera, existen discrepancias en lo relativo a la documentación de naturaleza judicial que forma parte del fondo de la denominada Causa General. Esta documentación fue reclamada por los representantes de la Generalidad el 5 de marzo de 2013 y fue rechazada porque no estuvo en el Archivo General de la Guerra Civil antes del 19 de noviembre de 2005, ni tampoco cumple los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la mencionada Ley 21/2005 para que la restitución pueda realizarse.

 

"Tampoco existe consenso sobre la documentación incautada a los Ayuntamientos de Cataluña, acerca de la que se recogió un apartado en el informe suscrito por los miembros de la comisión nombrada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil en 2004", mantiene el Ejecutivo en relación a la devolución de dichos documentos.

 

"El resto de discrepancias existentes entre ambas administraciones derivan del pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional en la Sentencia 20/2013, de 31 de enero, que desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra determinados preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre. Este es el caso de los supuestos de personas físicas o jurídicas de naturaleza privada con domicilio o residencia, secciones o delegaciones en Cataluña que hubieran desaparecido y no tuvieran herederos o derechohabientes".

 

La anterior sentencia y otras dos posteriores (Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 67/2013 y STC 68/2013) modificaron la interpretación de algunos de los criterios seguidos desde el año 2008 hasta comienzos del año 2013 por los técnicos de ambas administraciones en el proceso de identificación de documentos, que "han obligado a la identificación de productores/acumuladores originarios de naturaleza privada tanto en la documentación que en su día fue transferida a Cataluña como también en la que estaba pendiente de envío", concluye el Gobierno en su petición.