El Gobierno dice no poder hacer nada ante las reiteradas deficiencias en los contratos públicos de comunidades autónomas

Rosa Díez, portavoz de UPyD
El Gobierno admite las reiteradas deficiencias en el cumplimiento de la normativa de contratación pública por parte de las comunidades autónomas que señala en sus informes el Tribunal de Cuentas pero asegura no poder hacer nada al respecto puesto que carece de competencias para inferir en el autogobierno de las autonomías.
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Este es el argumento que ha dado el Ejecutivo a la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quien se interesó por las medidas que tenía previsto aplicar el Ejecutivo para solventar la "deficiencias" a las que repetidamente hace referencia el órgano fiscalizador.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recuerda que el Estado "tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas", pero que el principio de autonomía establecido en la Constitución le impide intervenir "en relación con el cumplimiento de la legislación por parte de las Comunidades Autónomas".

CORRESPONDE A GOBIERNOS Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Según agrega, es a los gobiernos y parlamentos autonómicos a quienes corresponde "supervisar la regularidad de actuaciones de sus gestores respecto a la aplicación de las normas presupuestarias o de contratación".

Por eso, aun admitiendo que el Tribunal de Cuentas "expone de forma continua y reiterada las deficiencias en el cumplimiento de la normativa de contratación" por parte de las autonomías, alega que "carece de competencias para interferir en el autogobierno de las Comunidades autónomas".

Eso sí, hace hincapié en que "no comparte la afirmación" de Rosa Díez de "que el Tribunal de Cuentas haya puesto de manifiesto deficiencias respecto a la legislación vigente" y recalca que, por el contrario, no se ha constatado "que el Tribunal de Cuentas ponga de manifiesto deficiencias en la normativa estatal vigente" sobre contratación pública.

Precisamente defiende que el Ejecutivo "viene adoptando las disposiciones reguladoras de la contratación pública", que por otro lado "incorporan la regulación común que para todos los Estados Miembros de la Unión Europea establecen las Directivas Comunitarias".

Desde Moncloa explican que en noviembre de 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto legislativo que sustituyó a la Ley de Contratos del Sector Público de 2008, una norma, en todo caso posterior a la que regía cuando el Tribunal de Cuentas detectó deficiencias en los contratos públicos autonómicos.

Además, detalla que a través de la Ley de Contratos del Sector Público se incorporan al derecho español sendas directivas europeas de 2004 y 2007 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y sobre la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.

De esta forma, prosigue el Gobierno, se incorporó a la legislación española el recurso especial en materia de contratación "como garantía de cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, igualdad, no discriminación y libre concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos, residenciándolo en un órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias".

NO PREVÉ UN CAMBIO LEGISLATIVO AHORA

En este contexto, asegura que la regulación de la contratación pública desarrollada por las leyes estatales en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de bases de la contratación administrativa es "adecuada, suficiente, garantiza elevados estándares de publicidad y transparencia y permite el despliegue de los mecanismos necesarios para cumplimentar los principios de igualdad de trato y no discriminación, además de obtenerse las prestaciones económicamente más ventajosas".

También explica que "una vez que concluya el proceso de aprobación de las nuevas directivas en materia de contratación", el Gobierno adoptará "las medidas necesarias para su transposición, ya que no considera conveniente proponer una modificación legislativa con anterioridad".

Asimismo, añade que, en cuanto a la gestión de la contratación, "se cumplen los principios generales de la contratación pública, es decir: publicidad, transparencia, libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos en los términos que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".