El Fiscal del Supremo mantiene su petición de inhabilitar a Elena Diego por una contratación irregular

El interventor, Daniel Noguerales, ha declarado en calidad de testigo que sus informes no eran vinculantes y que puso reparos a las nóminas cobradas por una de las beneficiadas de los contratos. No hubo lugar a preguntas sobre la denuncia de acoso escolar de la ex senadora salmantina.

El fiscal del Tribunal Supremo ha elevado a definitiva su petición de 8 años de inhabilitación para la exsenadora del PSOE Elena Diego por la contratación presuntamente irregularde dos monitoras en 2008, cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor.

  

En la sesión celebrada este jueves, en la que el juicio ha quedado visto para sentencia, ha comparecido el interventor municipal al que la exsenadora acusó ante la Sala de lo Penal del alto tribunal de acosarla para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.

  

El interventor, Daniel Noguerales, ha declarado en calidad de testigo que sus informes no eran vinculantes y que puso reparos a las nóminas cobradas por una de las beneficiadas de los contratos sometidos a juicio, porque la cuantía del sueldo era superior a la que correspondía, si bien nunca pidió la anulación de los contratos.

  

Cuando el abogado de la exsenadora, Manuel Ollé, comenzó a cuestionar al interventor también por su relación con Diego preguntando si estaba enamorado de ella. En este punto ha intervenido el presidente del tribunal, que lo es también  de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, para señalar que si bien entendía que el letrado pretendía aclarar ciertos extremos que afectan a la credibilidad del testigo, dicha pregunta no era procedente.

  

Marchena volvió a interrumpir al abogado cuando éste inquirió sobre las presuntas amenazas vertidas por Noguerales contra la exalcadesa, puesto que le estaba obligando a responder bajo juramento. Ollé únicamente pudo preguntar por las circunstancia de la salida de Noguerales del Ayuntamiento de Villamayor, que según éste se produjeron porque optó a un puesto en un municipio con mayor población.

  

También las acusaciones personadas en la causa han mantenido sus peticiones iniciales, que son además de la inhabilitación de la exparlamentaria que responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

 

En la primera sesión del juicio que comenzó este miércoles en el alto tribunal, al que ha correspondido la causa dada la condición de aforada de Diego cuando se dirigió contra ella, la exsenadora insistió en que su participación en ambos procedimientos era el de dictar las resoluciones finales, y que no es su obligación comprobar que los contratos están bien hechos puesto que las resoluciones de contratación y los propios contratos son revisados previamente por los servicios técnicos municipales y la Intervención.

 

Diego dimitió como senadora el pasado 24 de enero su renuncia al acta no impide que sea el TS el encargado de juzgarla, en aplicación del acuerdo del Pleno del alto tribunal que estableció que si la dimisión se produce después de que se abra juicio oral a un aforado, aunque éste renuncie a su cargo, el caso seguirá siendo competencia del tribunal que fuera competente antes de su dimisión.

 

El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.

 

La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

 

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

 

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.