El final de la instrucción de la 'trama Diputación' pone a García Sierra al borde del juicio oral

Entrada de los Juzgados de Salamanca.

Las declaraciones de las empresas implicadas en las presuntas irregularidades en contratos de obras ponen fin a la instrucción: si no hay más, en unos días podría saberse si se abre juicio oral a García Sierra, Borrego y cuatro contratistas, ya imputados. Justo cuando el PP pone a prueba su compromiso contra la corrupción.

La instrucción de la denominada 'trama Diputación', el escándalo de presuntos contratos irregulares de obras de La Salina, podría quedar resuelta en las próximas fechas y lista para dar el siguiente paso: la apertura de juicio oral. Un avance que podría producirse justo cuando el PP salmantino se está viendo sometido a examen por parte de otras fuerzas, que han visto como en los últimos meses los 'populares' salmantinos han protegido a sus cargos imputados en varios casos e incluso los han llevado en listas para ser reelegidos.

 

Este martes acudían a declarar los representantes de las cuatro empresas que fueron imputadas por el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Salamanca. Lo hicieron a partir de las 9.30 de la mañana y representadas por dos abogados: uno para Construcciones y Movimientos de Tierras Francisco Barrueco, SL y Autopalas, SL y otro para Alquileres Salamanca, SL y Transpial, SL. También acudieron los abogados de las partes personadas, entre ellos, Cámara de Comercio, Confaes, PSOE y el letrado que defiende al vicepresidente de la Diputación de Salamanca, Carlos García Sierra, imputado en el caso. Las declaraciones fueron rápidas y mediada la mañana abandonaban el complejo de plaza Colón tanto los imputados como sus letrados.

 

La principal novedad es que, salvo que alguna de las partes pida más pruebas testificales, el proceso de instrucción se daría por terminado con las declaraciones de los representantes de las empresas sospechosas de haberse beneficiado de la contratación irregular que, según la denuncia, auspiciaban el director de Fomento, Manuel Borrego, y el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, responsables técnico y político del área. Solo el hecho de que alguna de las partes pidieran más testigos, documentos, pruebas, imputados o declaraciones habría que esperar algún nuevo auto por parte del juez.

 

De no ser así, el siguiente paso debe ser determinar si se mantiene el caso y a los imputados en esta situación o se les abre juicio oral; también se podría desimputar a los dos cargos y las empresas que han sido llamados en esa condición. En este caso, se les acusaría formalmente de algún delito. En el caso de la denuncia, presentada por el PSOE, apunta directamente a Borrego y García Sierra por el uso irregular de fondos de la Diputación. La apertura de juicio oral supondría, en el caso del vicepresidente, y con toda probabilidad, ser apartado del cargo que ahora ocupa en funciones y también del acta de concejal que le puede permitir volver a formar parte del equipo de Gobierno de la próxima Diputación, que comandará de nuevo el PP de Javier Iglesias.