El escándalo de los contratos de la Diputación cumple un año sin culpables y sin propósito de enmienda

El diputado de Fomento y el presidente de la Diputación, en la rueda de prensa en la que explicaron la aparición de presuntos contratos irregulares.

El escándalo de los contratos irregulares de obras lleva un año judicializado y sin resolverse, pero mantiene en vilo al vicepresidente García Sierra y jefe de Fomento, Manuel Borrego. Entre medias, la Diputación apartó a dos funcionarios sin destituirles, ha destruído documentación, el caso se ha convertido en macrocausa... pero La Salina sigue usando métodos sospechosos para contratrar sus obras.

El viernes 21 de noviembre enfilaba su recta final cuando los medios de comunicación recibían una convocatoria fuera de lo normal. El presidente de la Diputación iba a comparecer a las 17.00 horas, una hora y un día extraños, porque no son habituales las ruedas de prensa en viernes por la tarde. Como después se supo, el motivo justificaba la premura por dos motivos: la Diputación iba a autoinculparse de un presunto delito de trato de favor a una serie de empresas y lo iba a hacer antes de que la oposición, entonces formada por el PSOE, lo hiciera en los juzgados.

 

Ahora, un año después, la denominada 'trama Diputación' sigue atormentando a sus protagonistas principales y ha supuesto una 'mancha' en lo que el PP había descrito siempre como gestión inmaculada, pero no un propósito de enmienda, porque el equipo de Gobierno de Javier Iglesias sigue recurriendo a métodos de contratación parecidos a los que levantaron sus propias sospechas. Y eso cuando todavía se está juzgando si la Diputación y su área de Fomento favorecieron a una serie de empresas que se adjudicaban de manera recurrente contratos de obras.

 

Este fue el motivo por el que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y su vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, se sentaron aquella tarde ante la prensa. En su intervención, que se puede recordar en este vídeo, el presidente de la Diputación admitió "infinitos" contratos menores y una veintena por procedimiento negociado a cinco empresas que se beneficiaron de un trato preferente para conseguir obras por 12 millones de euros.

 

 

DENUNCIA FORZADA, SIGUE USANDO LOS MISMOS MÉTODOS

 

Aquel episodio se vendió como una acción en favor de la transparencia, pero Iglesias hizo aquella concesión por un único motivo: el Grupo Socialista en la Diputación tenía lista una acción judicial para denunciar casos de corrupción en las contrataciones. Iglesias se vio forzado a la comparecencia ante la posibilidad de que el PSOE denunciara antes este caso, con las consecuencias políticas que podría tener.

 

Por este motivo llevó una denuncia a Fiscalía, denuncia de la que no se conocen los términos porque nunca la ha hecho pública y de la que se sospecha fuera una manera de alejar responsabilidades políticas. Algo de lo que, a día de hoy, sigue sin estar libre porque su 'mano derecha', García Sierra, sigue imputado, igual que uno de los hombres de peso en su área, Fomento. Un proceso que, de camino, ha sacado a la luz numerosas actuaciones que han puesto en evidencia esa supuesta voluntad de transparencia y de aclarar responsabilidades

 

Eso sí, no ha impedido que la Diputación de Salamanca haya seguido usando los procedimientos 'señalados' para seguir adjudicando contratos: lo hizo con algunas obras del recinto ferial, adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad y también como contratos menores a pesar de que, en algunos casos, las cuantías eran realmente elevadas.

 

 

APARTADOS, PERO NO EXPEDIENTADOS

 

Lo que vino después ha sido un rosario de decisiones que, en muchos casos, han puesto en evidencia a la Diputación. La primera, la determinación de apartar a dos funcionarios implicados. Con esa decisión Javier Iglesias señaló directamente a uno de los responsables de Fomento, el jefe de área, Manuel Borrego, y también al responsable de viabilidad, Germán Berrocal.

 

Ambos fueron apartados con una orden del día 24 de noviembre, pero la realidad es que no se siguió el método normal en uno de estos casos: ni se les expedientó ni se les destituyó de sus cargos. De hecho, Iglesias recurrió a una atribución temporal de funciones para aparentar que se les apartaba, pero Borrego ha seguido siendo el jefe de Fomento y ha cobrado por ello su sueldo y complementos. El cambio se hizo sin transparencia alguna y los expedientados siguieron acudiendo a sus puestos, hasta que el jefe de Fomento cogió la baja. Según fuentes internas, Borrego podría haberse incorporado este mismo martes a su puesto de trabajo habitual en Fomento después de casi un año de baja.

 

 

GARCÍA SIERRA, IMPUTADO

 

Nada se hizo contra el otro gran señalado por el caso: el entonces vicepresidente y diputado de Fomento Carlos García Sierra. Los contratos sospechosos corresponden al período entre 2007 y 2014 y, en todo este tiempo, una misma persona ha ocupado el área de Fomento: García Sierra. Ya ejerció como diputado delegado del área entre 2007 y 2011, con otro equipo de Gobierno también del PP, y lo es desde que Iglesias le nombró a su llegada a La Salina. Su imputación no le ha impedido ir en listas (eso sí, en una localidad 'discreta' donde encontró la oposición de los vecinos) y repetir como vicepresidente, con más poder si cabe).

 

Eso a pesar de que su protagonismo en el caso le valió primero una cita con el juzgado en calidad de testigo y que la justicia decidiera, después, elevar su condición a la de querellado imputado. Le costó su paso por los juzgados para participar en la primera macrocausa contra la corrupción en las adminsitraciones salmantinas cuando los juzgados de Salamanca unifican los distintos procesos:  la denuncia iniciada por la fiscalía y la del PSOE admitida a trámite. Eso dio paso a más diligencias y a que se personaran más partes.

 

 

DESTRUCCIÓN DE PAPELES

 

Tampoco ha podido demostrar el equipo de Javier Iglesias que sus declaraciones de transparencia van en serio. Pocas semanas después de explotar el caso, surgió con fuerza el rumor de que la Diputación estaba destruyendo documentos. El equipo de Gobierno tuvo que reconocer que era así, que llevó expedientes de contratación de obras (el mismo tipo de los sospechosos) a la trituradora de papel coincidiendo con las fechas de la denuncia.

 

El caso señala también a una serie de empresas que se han convertido en contratistas habituales de la Diputación, tanto, que han tenido que explicar en el juzgado por qué se podían adjudicar de manera recurrente los contratos de obras que salían del área de Fomento.