El decano del Colegio de Abogados, al juzgado por saltarse el secreto profesional

El decano del colegio de Abogados, entrando en el juzgado cerca de las 9.30 horas para declarar por una querella. Foto: F. Oliva

Fernando Dávila y su directiva al completo declaran martes y miércoles acusados de prevaricación y tráfico de influencias por haber concedido a un miembro de la junta del colegio oficial un permiso que le permitió ganar un juicio.

El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Fernando Dávila, y la totalidad de su junta directiva pasarán este martes y miércoles por los Juzgados para responder de una querella en la que se les acusa de haber permitido que un abogado miembro de la Junta se saltara el secreto profesional. Para ello, según el denunciante, la junta directiva del colegio concedió en tiempo récord a uno de sus integrantes un permiso para poder usar un documento en un juicio; el uso de ese documento podía suponer saltarse el secreto profesional ya que había sido intercambiado entre abogados en las negoaciaciones previas.

 

La querella, planteada el pasado mes de septiembre, fue admitida a trámite el pasado mes de febrero por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Querella a la que se une una segunda por haber publicado en la web documentos de la primera en la que se revelan datos personales.

 

El decano Dávila está llamado a declarar durante esta mañana de martes junto a parte de los integrantes de la directiva que tomó aquella decisión; el miércoles están citados los que no declaren el martes. 

 

Dávila estuvo en el juzgado minutos antes y regresó para su declaración.

 

Según reconoció hace unas semanas el propio Dávila a TRIBUNA, se ha admitido a trámite parte de la querella y seguirá su camino en el juzgado número 1 para analizar los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se ha archivado la tercera acusación de la querella, un delito de estafa procesal, pero el denunciante lo ha recurrido para que no se desvirtúe el caso con lo que podría volver a sumarse.

 

 

TRATO DE FAVOR A UN MIEMBRO DE LA DIRECTIVA

 

En el fondo del asunto, un caso en el que presuntamente se ha favorecido a un miembro de la directiva, Eduardo Íscar, autorizándole para saltarse el secreto profesional, lo que le dio ventaja en el procedimiento judicial que le enfrentaba con otro abogado de alta en el colegio; este es, junto a su cliente, el denunciante. El hecho denunciado se remonta a 2014, cuando el denunciante defendía a un cliente ante un abogado que es miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados.

 

En las negociaciones previas, y siempre según el denunciante, el abogado rival utilizó una documentación que la otra parte le había proporcionado en el marco de las conversaciones previas para intentar evitar el juicio, pero que nunca debió haber usado ya en pleno pleito. El juicio se celebró y el denunciado usó este documento a su favor a pesar de que formaba parte del secreto profesional; la difusión de un documento en esos términos está absolutamente prohibida y es una de las primeras obligaciones de los colegiados. 

 

 

PERMISO EN TIEMPO RÉCORD

 

Para dar validez en el juicio a esa prueba ilícitamente conseguida, el abogado Íscar se valió según el querellante de su presencia en la junta directiva del Colegio de Abogados. Con su presidente Fernando Dávila al frente, la junta le otorgó una autorización para saltarse el secreto profesional, algo reservado solo para circunstancias excepcionales. Este permiso se tramitó en tiempo récord y en un procedimiento que considera inadecuado para una decisión tan grave como levantar un secreto profesional. 

 

La tramitación se hizo en dos días: el 21 de octubre de 2014 el abogadoEduardo Íscar solicitó la dispensa y el día 22 la Junta, sin estar el tema en el orden del día, fue aprobada por la cúpula que preside Fernando Dávila. La autorización se produjo sólo 14 días antes del juicio. 

 

 

ANULADA POR EL CONSEJO REGIONAL

 

Además, la concesión de esta autorización ha sido anulada por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. En resolución del 10 de marzo, el consejo regional declaró nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca en el que se concedía a Eduardo Íscar la autorización para violar el secreto profesional.

 

Por este motivo, la querella cita los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y estafa procesal, ya que el querellante considera que la junta directiva del Colegio de Abogados facilitó la dispensa de su obligación de guardar el secreto profesional para favorecer a uno de sus miembros en este juicio.