El Consejo de Seguridad Nuclear emite un informe que ratifica la seguridad de la mina de Retortillo

Instalaciones de Berkeley en Retortillo.

Una vez se emita la Declaración de Impacto Medioambiental, corresponderá a la Junta tomar la decisión sobre la concesión de la explotación.

Berkeley Minera España ya tiene en su poder el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, desde el punto de vista de la protección radiológica y de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), se necesita para poder otorgar la Concesión de Explotación de la mina de uranio Retortillo-Santidad. La empresa minera asegura que se trata de un hito muy importante en el proceso administrativo porque facilita que la Junta de Castilla y León, que tendrá la última palabra, dé luz verde al proyecto.

 

Pero antes de que eso ocurra, debe emitirse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya tramitación sigue su curso. Hasta la fecha, todos los informes administrativos, incluido el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), ha sido favorables. En febrero y marzo de ese año, la Ponencia Técnica y la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Salamanca informaron favorablemente del proyecto y propusieron el borrador de DIA a la Consejería de Fomento y Medioambiente, que establece una larga lista de medidas correctoras y compensatorias. Ante las afirmaciones de algunos grupos ecologistas que aseguraban que implantación de estas medidas haría económicamente inviable la explotación de uranio, Berkeley responde que la propia empresa ya las propuso en el Estudio de Impacto Ambiental y las tuvo en cuenta en su modelo financiero del estudio de factibilidad del proyecto, por lo que en “ningún caso son una sorpresa y no pondrán en riesgo el proyecto”, afirma Berkeley en un comunicado de prensa.

 

 

Los niveles de radiación serían inferiores a los actuales

 

Desde Berkeley insisten en que el proyecto minero tiene en cuenta la prevención exhaustiva de todos los riesgos para la salud y el medio ambiente, tal y como lo requiere la normativa española y europea vigente. 344 medidas de exhalación de radón, 159 muestras de suelos, 26 y 102 muestras de aguas subterráneas y superficiales, respectivamente, y 109 muestras de sedimentos para la determinación de la radiactividad en los distintos medios revelan la presencia natural de uranio y su afloramiento a nivel del suelo en algunas zonas. Esto explica la presencia de niveles de emisión de gas radón muy superiores a lo normal (aunque, dada su rápida dilución en el aire, no constituyen un riesgo para la población) y unos niveles de radiactividad muy superiores a la media en aguas superficiales y subterráneas, fauna y flora. La empresa minera recuerda que, con anterioridad, el proyecto Marna del CSN ya verificó que en la zona de la concesión el nivel de radiación natural (1.75-2.01 mSv/año) es el doble del valor promedio de la provincia de Salamanca (1.07 mSv/año), y sensiblemente superior al del resto de España.

 

Si la explotación minera contribuirá a elevar estos niveles es la gran pregunta. Berkeley Minera asegura que ya ha desarrollado el Estudio Analítico Radiológico (EAR) que estima las dosis efectivas de radiación que pueden afectar tanto a los trabajadores como a la población circundante procedentes de la futura explotación minera. Los resultados, asegura la empresa, indican que la dosis efectiva máxima a la que estaría expuesta la población circundante no sería mayor a la actual y, por tanto, no peligrosa. Así, la influencia de los efluentes gaseosos de la futura instalación sería dos órdenes de magnitud inferior a los valores de radiación natural de la zona y la dosis efectiva máxima vía agua, de 0,18 mSv/año (en el supuesto de que el agua no sufriera ningún tipo de tratamiento previo a su consumo), por tanto, también inferior a la que se obtiene actualmente de los ríos de la zona. La salud pública de las comarcas próximas al proyecto de Berkeley Minera tampoco se vería afectada por la explotación, pues los niveles actuales de radón y partículas en aire no se verán modificados, salvo en las propias zonas de explotación minera y zonas colindantes (que no superarán los 2 Bq/m3, lejos de los 100 Bq/m3 que establece la Organización Mundial de la Salud como nivel máximo recomendado), según afirman fuentes de la empresa minera. Además, insisten, las minas a cielo abierto son, por definición, más seguras que las subterráneas, donde se concentran los gases tóxicos.

 

Además, según un estudio teórico sobre los incidentes posibles que se pudieran producir en la planta (que también tiene en cuenta su probabilidad), la dosis al público en la zona habitada más cercana sería inferior a 1,63 mSv, inferior a la dosis efectiva por radiación natural que en la actualidad reciben los habitantes de Retortillo (3,45 mSv/a), por lo que el riesgo para la población derivado de los incidentes que se pudieran ocasionar también es mínimo, asevera Berkeley.

 

 

Prevención del impacto medioambiental

 

Con el objetivo de minimizar las dosis estimadas en los estudios actuales, Berkeley asegura que tiene previsto que la operación de la futura planta se realice aplicando una serie de medidas técnicas que responden a los casos más extremos. En particular, afirman, la gestión de los materiales se llevará a cabo bajo los principios de minimización, tratamiento, recuperación y eliminación de residuos. A ello se suman medidas de minimización y control de los niveles de radiación gamma y emisiones de radón.

 

Por otro lado, la explotación de la mina a cielo abierto se llevará a cabo por transferencia, lo que significa que las cortas abiertas se van a ir rellenando con el material estéril (ya sin uranio). Esto posibilita que se rellene el terreno a medida que se extrae y se reduzca la cantidad de escombros, permitiendo la rehabilitación continua. Una vez terminada la operación de la planta, se llevará a cabo la restauración del emplazamiento, cuyo objetivo es la rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras así como las instalaciones anejas. De esta forma, insisten desde Berkeley, se pretende que los impactos ambientales, radiológicos y sociales se reduzcan a los niveles anteriores a la apertura de la mina.  

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