El Consejo de Ministros aprueba de urgencia el Real Decreto-Ley que regula las normas para la donación

Sustituye a un Real Decreto sobre el mismo tema en vigor desde 2006, que ha sido anulado tras una sentencia del Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este 4 de julio con carácter de urgencia el Real Decreto-Ley que regula las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, que sustituye a un Real Decreto sobre el mismo tema en vigor desde 2006 que ha sido anulado este viernes tras una sentencia del Tribunal Supremo por "insuficiencia de rango".

 

De hecho, el nuevo Decreto-Ley, que recoge la normativa derogada con pequeños cambios de tipo formal, se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor de inmediato, aunque posteriormente tendrá que ser ratificado en el Parlamento.

 

Según ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto hasta ahora vigente "no por su contenido sino por su falta de rango legal", de ahí que hayan actuado "inmediatamente" para "evitar que haya un vacío legal".

 

Además, ha recordado que actualmente España es líder en materia de donación y trasplantes de órganos "gracias a un modelo basado en la voluntariedad, anonimato, altruismo y solidaridad que también rige en estos casos".

 

La norma supone la trasposición de tres directivas europeas y regula todo lo relativo a la calidad y seguridad de la donación y trasplante de tejidos y células, materia entre la que se encuentran los bancos de sangre de cordón umbilical.

 

Precisamente la sentencia del Supremo se produjo tras una denuncia de la empresa Vidacord, que cuenta con un banco para la conservación de este material en España cuyas muestras deben estar a disposición de todo el que las pueda necesitar, en virtud de la citada normativa.

 

Una obligatoridad que hace que la mayoría de los bancos privados de sangre de cordón que ofrecen sus servicios en España almacenen las muestras en otros países, para garantizar a los propietarios que podrán contar con tales muestras en el futuro en caso de necesitarlas.

 

De hecho, Vidacord aseguraba que si la nueva normativa seguía contemplando la disposición universal obligatoria de dichas células la recurrirían ante el Tribunal Constituticional para evitar lo que consideran un "exilio celular", y tratar de "conciliar los derechos individuales de las familias con el interés conjunto de la población", explicó a Europa Press su presidente y fundador, Ángel Álvarez

 

España cuenta actualmente con cerca de 60.000 unidades de sangre de cordón almacenadas, lo que le convierte en el segundo país del mundo en número absoluto de unidades, solo por detrás de Estados Unidos. Asimismo, hay más de 150.000 donantes de médula ósea registrados a disposición de cualquier paciente en el mundo que lo necesite, ya que la donación y trasplante de células madre sanguíneas funciona mediante una red de solidaridad internacional.

 

CAMBIOS MÍNIMOS, LA MAYORÍA DE CARÁCTER FORMAL

 

 

El hecho de la elaboración de esta norma sea la necesidad de un cambio de rango hace que el texto tan solo incluya cambios de carácter formal para actualizar determinadas referencias legales y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la denominación que tenían cuando se publicó el RD 1301/2006 a la actual, todas ellas a propuesta de la Secretaria General de Normativa.

 

Asimismo, se modifica un apartado y se establece que "el empaquetado debe impedir la contaminación de quienes lo llevan a cabo y quienes transportan los tejidos y las células", como consecuencia de varias normas europeas.

 

También se ha introducir una Disposición transitoria única que establece la retroactividad de la norma, de modo que será de aplicación a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.