El Colegio de Abogados, condenado a facilitar listas de administradores concursales y a pagar 5.600 euros

Colegio de Abogados de Salamanca.

Una sentencia de enero de este año obliga al Colegio de Abogados de Salamanca a hacer públicas las listas de los habilitados para ejercer en concursos de acreedores y le impone una multa por haber perjudicado a un abogado que quería ejercer.

La polémica sobre la transparencia de los procesos en los que se elije a los profesionales que ejercen en concursos de acreedores de empresas en quiebra no cesa. Tras publicar hace unos días TRIBUNA una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades y las reacciones que ha provocado, se han dado a conocer casos de reclamaciones de abogados de Salamanca sobre esta materia. Así, este medio ha tenido acceso a un auto en el que se reconoce que el Colegio de Abogados de Salamanca tenía que haber publicado las listas de los que pueden ejercer como administradores concursales, que no lo hizo en su día y que debe indemnizar por ello a un letrado.

 

El Colegio de Abogados de Salamanca está al tanto de este proceso, sobre el que su presidente, Fernando Dávila, ha informado a los órganos recientemente, en la penúltima reunión celebrada. El presidente del colegio ha confirmado a TRIBUNA el proceso y el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia.

 

El auto, que es de comienzos de 2014, culmina un proceso que arrancó en 2010 y que se ha prolongado hasta ahora. Según un auto del Juzgado Número 1 del Contencioso Administrativo de Salamanca, el pasado 30 de julio de 2010 una sentencia reconoce que el abogado salmantino J. B. V. tiene derecho a que el Colegio de Abogados de Salamanca le facilite el listado de inscritos en el Registro de Abogados Administradores Concursales de los años 2004 a 2007, el listado de los disponibles para ejercer esta tarea remitido al juzgado de lo mercantil y la relación de matriculados en los cursos anuales de reciclaje y capacitación para esta tarea; la sentencia reconoce que esta información es de interés del abogado denunciante porque, en función del número de inscritos, puede tener más posibilidades de acceder a concursos.

 

Inicialmente, el colegio dice no poder entregar la documentación solicitada por no conservarla, cuando es obligatorio disponer de esas listas de inscritos como habilitados para ejercer la administración concursal. Tras varios requerimientos, en marzo de 2012 el colegio entrega parte de la documentación: en concreto, justificantes de haber remitido al juzgado de lo mercantil los listados de 2005 a 2007. No se remiten las listas de inscritos ni la de participantes en los cursos, según el auto. Y también según el auto, esto supone la inejecución de la sentencia. Ante la imposibilidad de ejecutar completamente lo mandado, la parte ejecutante pide una indemnización total de unos 12.000 euros por gastos de defensa y por el menoscabo económico causado al demandante.

 

El Colegio de Abogados alega en este punto que es cierto que no puede cumplir la sentencia en sus términos por no disponer de toda la documentación, pero se opone a la multa porque no se le había condenado en costas. Además, asegura que el abogado denunciante ha figurado siempre en las citadas listas, por lo que no le habría causado perjuicio alguno. Y solicita el archivo del incidente de ejecución. Según el colegio de abogados, las listas correspondientes a esos años no se han guardado porque no había obligación de hacerlo; sí están disponibles en su web las de 2013 y 2014, correspondientes a la actual junta directiva.

 

Sin embargo, en su auto de comienzos de este año el juzgado mantiene que, cuando fue llamado a declarar, el Colegio de Abogados no alegó en ningún momento que no tuviera esa documentación disponible, pero sí lo hizo cuando se le obligó a ejecutar la sentencia. En lo relativo a la indemnización, el juzgado entiende que sí le corresponde la parte de los gastos de representación porque ha sido un coste que ha sufrido el demandante; pero rebaja la indemnización por el daño económico causado a 1.500 euros. En total, el Colegio de Abogados debe indemnizar a J. B. V. en 5.661,5 euros, además de las costas de la ejecución de sentencia, no de la sentencia en sí.

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