El ciberacosador se enfrenta a una pena que supera los cien años

Afectadas. El número de víctimas de este presunto pederasta asciende a 204, aunque sólo 28 se presentan en la causa.
E. G.

El Ministerio Público solicita una pena superior a cien años de cárcel –rondan los 120 años– para el acusado de amenazar a menores a través de las redes sociales para conseguir, mediante la intimidación, que las víctimas realizaran actos de contenido claramente sexual, según informaron fuentes jurídicas.

Aunque el número de víctimas de este acusado, con iniciales D. G. L., alcanza la cifra de, al menos, 204, tan sólo 28 son las que se presentan en la causa. El imputado se enfrenta a diversos delitos, ya que con cada víctima cometía unos u otros –delito continuado de amenazas con propósito conseguido, para lo que solicitan tres años de cárcel; con propósito no conseguido, dos años de prisión; delito de corrupción de menores, cuatro años de cárcel; delito de descubrimiento y revelación de secreto, para lo que se solicita dos años y delito de exhibicionismo, un año–. Todos estos delitos suman una cantidad de años que supera el centenar.

Pese a la solicitud de la Fiscalía, el máximo de años a los que puede ser condenado asciende a doce, que es el triple de la pena mayor contemplada –cuatro años de cárcel por el delito de corrupción de menores–, ya que el Código Penal contempla que en caso de múltiples condenas por hechos similares, no se cumplen todos los años, sino que el límite es el triple de la pena máxima.

A estas penas se añade una indemnización para las víctimas que asciende a los 40.500 euros.

En la actualidad, el arrestado se encuentra en libertad tras permanecer un tiempo en prisión.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el acusado D. G. L., entre los meses de diciembre de 2007 y junio de 2009 envió correos masivos a “múltiples chicas de entre 12 y 17 años”, aprovechando los perfiles de las víctimas en Tuenti y Messenger. A través de dichas redes, el imputado presuntamente amenazaba a las víctimas con enviar a personas para agredirlas. Como solución a esta amenaza, solicitaba que le agregasen a sus cuentas de correo electrónico.

Han sido identificadas, al menos, 204 destinatarias de referidos correos masivos. Las víctimas residían fundamentalmente en Salamanca y, en menor medida, en otras provincias del territorio nacional. En otras ocasiones, el acusado presuntamente remitía correos haciéndose pasar por chicas que contaban experiencias similares, “incitando a responder positivamente a sus pretensiones, con el fin de reforzar el efecto intimidatorio de dichos correos”.

En la inspección del ordenador del imputado, en el disco duro hallaron fotografías y vídeos de las menores tratándose en ocasiones de jóvenes vestidas y, en otras, víctimas desnudas. Algunas de las afectadas “mostraban sus órganos genitales y pechos y otras aparecían realizando actos de contenido sexual de tipo masturbación”. Mientras, el acusado “se masturbaba”, incluso ofrecía mostrarse a través de la web cam durante el acto.

Las víctimas actuaban por miedo
El imputado, una vez que conseguía contactar con las víctimas, todas ellas menores, presuntamente creaba una situación de miedo en la víctima, a la que amenazaba con hacer públicas las fotografías y conversaciones mantenidas si no se sometía a sus peticiones, según las citadas fuentes. Su modo de actuar era similar en la mayoría de los casos. Conseguía que las víctimas le agregaran a su messenger después de hacerse pasar por una niña que le decía que un chico –un grupo de mujeres gitanas en otras ocasiones– la quería pegar y que para evitarlo debía agregarlo al correo. Posteriormente, el acusado, facilitando datos de la víctima sobre su domicilio y colegio –conseguido de las redes sociales– presuntamente amenazaba con agredirla, proponiendo como solución que se hiciera fotografías en ropa interior y desnudas. Estas primeras pruebas las empleaba para conseguir más, intimidando a la menor con distribuir el contenido que tenía en su poder.