El Ayuntamiento pretende privatizar el servicio de la OMIC a dos meses de las elecciones

El equipo de Gobierno lleva a comisión el pliego para conceder a una empresa buena parte del servicio de la oficina del consumidor, incluida la gestión de reclamaciones por medios telemáticos. Se dará por 37.000 euros/año para los próximos cuatro ejercicios.

A pocas semanas del final de la legislatura, y con la actividad contratadora del Ayuntamiento bajo mínimos, el equipo de Gobierno ha puesto sobre la mesa la externalización de uno de los servicios municipales, el de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. La propuesta supondría que parte del servicio y actividades de la OMIC fuera asumida por una empresa privada durante, al menos, los cuatro próximos años cuando hasta ahora se ha estado prestando directamente por personal municipal.

 

La propuesta ha llegado a comisión de contratación este jueves y ha salido adelante con los votos del PP, mientras que el PSOE ha mostrado su más absoluta negativa no solo al fondo del asunto, sino al momento escogido. Se trata concretamente de conceder a una empresa parte de las funciones que está haciendo la OMIC con personal propio. Entre otras, se encomienda el refuerzo del servicio, la programación de actividades de difusión, la realización de charlas y material y de actividades de sensibilización, pero lo más importante es que le concede parte del servicio primordial que presta la oficina, que es la gestión de reclamaciones. En concreto, los servicios de mediación, información y gestión de reclamaciones por vía telemática.

 

Según los términos del pliego de condiciones, se pagarán 37.000 euros anuales a la empresa adjudicataria durante los cuatro años de duración del contrato, dos de vigencia ordinaria y otros dos de prórroga. En total, algo más de 150.000 euros. La propuesta ha salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno del PP, que tiene la última palabra en esta decisión. El grupo socialista se ha opuesto y ha mostrado al PP su rechazo a medidas de este tipo.

 

Los socialistas consideran que con esa medida Fernández Mañueco "desmantela la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, que ya desempeñaba esta función con carácter público, para dejar en manos de una empresa privada la prestación de este servicio municipal", ya que el Ayuntamiento licita y adjudica este servicio con una empresa privada a la que abonará por la prestación 151.008 euros por cuatro años, 37.752 euros por cada una de las anualidades.