El Ayuntamiento plantea recurrir a un cambio de calificación de suelo para resolver el caso El Corte Inglés

El Corte Inglés

La corporación encarga un informe al secretario general del Ayuntamiento para conocer las alternativas. El equipo de Gobierno aboga por una modificación puntual y un cambio de calificación que legalice la situación.

Los grupos que forman la corporación municipal se han reunido durante este lunes para encarar la salida a la difícil situación generada en el caso de El Corte Inglés una vez que la justicia ha anulado de manera definitiva la modificación del PGOU diseñada para que se instalara en Salamanca y las licencias que se concedieron para ello. Una reunión cordial y constructiva, según una nota de prensa del equipo de Gobierno, pero en la que ha quedado clara la postura única de la oposición y las discrepancias con el equipo de Gobierno.

 

De momento, la única decisión ha sido la de encargar un informe a personal técnico municipal para conocer qué alternativas hay. Así, en el plazo de diez días se espera que esté listo el informe del secretario general del Ayuntamiento, según la versión oficial, para conocer los pasos a seguir, pero que en realidad debe marcar las alternativas disponibles, que pasan por aprobar una nueva adaptación legal.

 

La única salida parece ser la aplicación de una nueva modificación puntual del PGOU en la que encajen posibles compensaciones. Pero para eso también hay dos opciones: la que propone el equipo de Gobierno, que es tirar de una aprobada en diciembre de 2014, o elaborar una nueva que contemple ya las compensaciones oportunas que los grupos de la oposición consideran irrenunciables. 

 

Tras la reunión parece claro que la disquisición está en aceptar el cambio de calificación de suelo a la categoría de consolidado que se hace en la última modificación puntual impulsada en diciembre de 2014 o no aceptarlo. Según la sentencia del supremo y los 'peros' legales, eso no es posible, pero si urbanísticamente se sostiene serviría para legalizar la situación. Una tercera sería una negociación de compensaciones al margen de la legalidad urbanística, algo poco factible.

 

Por lo demás, ha quedado confirmado que todos los grupos están de acuerdo en que hay que consolidar la situación de los 700 trabajadores que tiene el centro comercial en Salamanca; en reconocer los beneficios de la implantación del centro comercial; y que nadie desea el cierre y derribo de su edificio. Eso es algo que ha manifestado desde el primer día incluso la formación que ha impulsado las denuncias, ahora encabezada por Equo.