El Ayuntamiento plantea postergar otros dos años la solución a El Corte Inglés

El equipo de Gobierno contempla pedir a la Junta una solución transitoria para regularizar El Corte Inglés y evitar el riesgo de cierre, y asegurar que sigue funcionando. Eso demorará dos años más legalizar la situación del centro comercial.

El Ayuntamiento de Salamanca contempla pedir la ayuda de la Junta de Castilla y León para encontrar una solución transitoria a la situación de El Corte Inglés y todos los equipamientos vinculados a esta operación urbanística, cuyas licencias han sido anuladas por la justicia. La salida consistiría en pedir a la administración regional un ordenamiento urbanístico transitorio que permita ganar tiempo para buscar una solución definitiva. Mientras tanto, y con esta medida, el centro comercial, el centro cívico, la plaza o los campos de fútbol serían legales. En el lado negativo, que esto posterga otros dos años la solución definitiva a esta pesadilla urbanística provocada por un planteamiento hecho a medida por el anterior equipo de Gobierno y que ha sido anulada por la justicia porque se concedieron 36.000 metros de edificación a cambio de 6.000 metros.

 

Esta es la alternativa que maneja el equipo de Gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco como salida al embrollo de El Corte Inglés. Así lo ha manifestado el alcalde que, a la espera de lo que digan los grupos de la oposición, considera que es la mejor solución. Consistiría básicamente en pedir a la Junta un planeamiento urbanístico transitorio que se adaptara a la realidad creada en los terrenos del antiguo cuartel para la llegada del centro comercial. Para ello bastaría un escrito que el equipo de Gobierno tiene listo y su aprobación en comisiones y pleno.

 

 

SALVARÍA EL CENTRO COMERCIAL Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

 

Esta solución permitiría poner a salvo el funcionamiento de El Corte Inglés y de todo el planeamiento que le acompañó: la nueva plaza, el centro cívico y los campos de fútbol Nemesio Martín. El centro comercial está amenazado ahora por la ejecución de sentencia que puede pedir cualquier ciudadano, como ha reconocido el alcalde. Si se hace, y con unas licencias de construcción, ocupación y apertura anuladas por estar basadas en un plan urbanístico también nulo, estaría abocado al cierre, y con él todos los equipamientos públicos.

 

De este modo, el Ayuntamiento se pondría a salvo de las posibles ejecuciones de sentencia y garantizaría una respuesta en caso de que se produjeran. No hay que olvidar que el consistorio es quien concedió las licencias que ahora se han anulado.

 

No obstante, no se trata de una solución definitiva, sino transitoria. De hecho, posterga otros dos años un conflicto que ya dura desde antes de que los grandes almacenes abrieran sus puertas. Este es el tiempo que el alcalde estima para llevar a cabo la segunda parte de la solución que pretende.

 

 

TRES SOLUCIONES

 

Según el informe del secretario general, que le ha sido desvelado hoy a los grupos de la oposición, no hacen falta compensaciones. Eso concuerda con la teoría defendida por el teniente de alcalde Fernando Rodríguez desde el primer día, y que el alcalde ha asumido después. Sin embargo, el informe técnico avala otras soluciones incluso sobre la base de que no son necesarias compensaciones. Ofrece tres concretamente.

 

La primera, seguir adelante con la modificación puntual elaborada a final de la pasada legislatura para legalizar lo que ya estaba hecho. La segunda, tramitar una modificación puntual distinta, donde se reflejaría el equilibrio entre el terreno cedido y el usado de otra manera. Y la tercera y más radical, revisar el PGOU completo y aprovechar para resolver otras cuestiones.