El Ayuntamiento permite a Aceinsa despidos, contratos temporales y cambios de puestos en la contrata de viales

El Ayuntamiento de Salamanca adjudica 5 contratos de renovación de aceras por 1,5 millones de euros

La empresa despidió a cinco personas "desde el inicio del contrato", firmado en julio de 2013, y los sustituye el 27 de febrero con cinco contratos eventuales por dos meses, además de variar el esquema de la plantilla. Incumple el pacto por el empleo firmado con el alcalde sin que el Ayuntamiento haya anunciado sanciones.

Permisividad total. Esta parece ser la consigna del Ayuntamiento de Salamanca con la empresa a la que adjudicó el contrato de arreglo de calles, la UTE entre Aceinsa y Gecocsa, que parece haber incumplido numerosos puntos del pacto por el empleo que impulsó el alcalde Fernández Mañueco y que, a pesar de ello, no ha sido advertida de sanción ni expedientada. Más al contrario, ha sido defendida públicamente por el equipo de Gobierno, lo que alimenta las sospechas sobre un trato de favor hacia esta empresa expresadas por el PSOE. Sin embargo, los hechos parecen confirmar las sospechas que tanto UGT como el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento han expresado sobre el incumplimiento de los términos del contrato de esta concesión municipal, adjudicada el pasado julio por cuatro años, más dos de prórroga, por 14 millones de euros de presupuesto. 

 

El contrato, como todos los de las empresas que se acogieron al pacto por el empleo auspiciado por el alcalde, se somete al cumplimiento de una serie de premisas encaminadas al mantenimiento del empleo en las concesiones vinculadas a los servicios públicos. Básicamente, se comprometen a mantener la plantilla, tanto en número (subrogando los contratos laborales de una anterior concesionaria si la hubiera) como en cuantía de sueldos, como antigüedad, cotizaciones y categorías profesionales. Sin embargo, poco de esto ha quedado intacto en la plantilla del servicio de mantenimiento de viales desde que Aceinsa accedió en UTE con Gecocsa a este contrato.

 

Según la documentación a la que ha tenido acceso TRIBUNA de Salamanca, la empresa ha presentado documentos de cotización y contratos que, según el equipo de Gobierno, demuestran que "se mantienen a día de hoy los 29 puestos de trabajo establecidos en el pliego de contrato", según reza en una nota de prensa emitida este lunes por el Ayuntamiento de Salamanca. Sin embargo, en la documentación presentada, la empresa admite que ha sustituido a cinco trabajadores que fueron dados de baja en la UTE desde el inicio del contrato; y que los ha sustituido con fecha 27 de febrero por otros cinco empleados.

 

Esto supone que, desde que se firmó el contrato, el pasado día 26 de julio, la concesionaria ha operado con cinco trabajadores menos en plantilla de lo exigido, y que no los ha repuesto hasta hace poco más de tres semanas; así lo corrobora un oficio de la Dirección Provincial de Salamanca de la Tesorería General de la Seguridad Social, emitido con datos vigentes a fecha 25 de febrero de 2014 y en la que figuran dados de alta en la UTE Gecocsa/Aceinsa Movilidad 25 trabajadores, y no los 29 exigidos en la contratación.

 

En la documentación entregada al Ayuntamiento, presentada con fecha 6 de marzo, un día después de la denuncia pública en rueda de prensa del grupo municipal socialista, la empresa habla de un alta en la Seguridad Social con fecha 27 de febrero de cinco trabajadores. Esto es justo dos días después de que el sindicato UGT denunciara también en rueda de prensa la situación irregular y el despido de cinco empleados de la plantilla del contrato de mantenimiento de viales.

 

El incumplimiento del pacto por el empleo en las contratas públicas no se detiene ahí. La contratación de estos cinco nuevos trabajadores, con los que repentinamente se recupera el número de los exigidos para la contrata, se ha hecho con contratos eventuales por causas de la producción que se firmaron ese 27 de febrero y que se extinguen el 26 de abril, tal y como ha podido constatar este medio. Esto supone que no se respeta la antigüedad de todos los integrantes de la plantilla, cuyos contratos debía asumir la nueva concesionaria. Y tampoco las condiciones contractuales, ya que no es lo mismo asumir el coste y derechos laborales adquiridos de trabajadores fijos que eventuales.

 

También se ha variado el esquema de la plantilla, que se debía mantener como se asumió de la anterior empresa concesionaria. Según la documentación que obra en manos de TRIBUNA de Salamanca, se ha procedido a reducir el número de peones (de 14 a 13) y oficiales de primera (de 9 a 8), para contratar dos administrativos más (de uno a tres puestos). Según el pacto por el empleo la distribución de la plantilla se debe mantener, pero se ha optado por dotar de más administrativos, con funciones intercambiables, y menos operarios, los realmente necesarios para cumplir el objetivo de la contrata, el arreglo de calles.

 

Todos estos cambios pueden ir encaminados a reducir los costes salariales de la contrata, ya que prescindir de trabajadores con más antigüedad y salario, cambiar operarios de obra por administrativos, reducir temporalmente el número de empleados... redunda en ahorro en los costes de personal. Este sería el objetivo final de una concesionaria que accedió a este contrato con bajas muy importantes, de entre el 22 y el 49,97%: rebajó el precio de licitación para ser la oferta más valorada. Sin embargo, este nivel de bajas se considera comunmente temerario, es decir, que la empresa sería incapaz de recuperar el coste del servicio y daría pérdidas. Aquilatar el coste salarial sería una salida para evitarlo.

 

Según el Ayuntamiento, los costes salariales son ahora mayores que cuando se firmó el contrato de la concesión y ascendieron en enero de 2014 a 56.021,92 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que aumenta el coste total, incluso cuando los salarios no suban. Estos ascendieron a 56.021,92 euros en enero y, extrapolando este dato, la empresa calcula que su coste total de personal al cabo del año será de 748.306,84 euros, resultado de multiplicar el dato de enero por 14.

 

Según los datos ofrecidos por la empresa, un encargado cobra 1.970,40 euros/mes de salario bruto, más 832,59 euros/mes de cotizaciones, para un coste total de 2.802,99 euros/mes; eso son 27.585,6 euros brutos/año de salario,11.656,26 euros/año de cotizaciones y un coste total de 39.241,86 euros/año para las 14 pagas sobre las que ha calculado la empresa los datos que ha facilitado sobre sus costes

 

Según el Anexo III del contrato de la concesión, en el que se reflejan salarios, Seguridad Social y coste total del personal objeto de la subrogación y que se tendría que haber respetado, un encargado cobra 28.224 euros/año en salario bruto, las cotizaciones suman 10.668,67 euros y cuesta en total 38.892,67 euros/año. Es decir, y siempre según los documentos presentados, percibe menos de salario ahora que antes de la subrogación, pero las cotizaciones elevan el coste para la empresa.