El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo quiere cobrar a IU por reunirse con asociaciones en edificios municipales

Domingo Benito, concejal de IU en Ciudad Rodrigo.

El equipo de Gobierno de Javier Iglesias obliga a IU a abonar la tasa pública por usar espacios públicos para celebrar reuniones del grupo municipal con asociaciones, cuando por normativa pueden hacerlo sin coste al ser actos vinculados al trabajo para el Ayuntamiento.

Izquierda Unida de Ciudad Rodrigo ha llevado a los juzgados al equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento para poner fin a lo que consideran una actitud que dificulta la labor de los grupos municipales de la oposición. El motivo, que el gobierno de Javier Iglesias ha impuesto al grupo municipal de IU el pago de tasas para poder usar dependencias municipales como la Casa de Cultura, algo que va contra la normativa que rige para el funcionamiento de las entidades locales de la administración: la ley dice claramente que los grupos políticos de los municipios podrán hacer uso de dependencias municipales para celebrar sus reuniones.

 

Serán los juzgados los que diriman ahora si el grupo municipal de IU tiene que pagar por usar dependencias municipales para labores que tienen que ver con su trabajo en el Ayuntamiento o si el Consistorio debe cesar en su actitud. El conflicto arranca en octubre de 2012, cuando el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento decide reunirse con un grupo de asociaciones vecinales y de padres de alumnos para tratar temas educativos; según uno de los concejales de IU en Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, se iba a hablar de problemas en la Escuela Infantil y de centros educativos en el barrio de El Puente. Al haber convocado a un grupo numeroso de personas, no era posible celebrar la reunión en el despacho del grupo en el Ayuntamiento, y se pide usar la Casa de Cultura.

 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, presidido por Javier Iglesias, mantiene que se trata de un acto político contra la denominada ley Wert, que se está tramitando en aquellos momentos. Por este motivo, el Consistorio gira el cobro del precio público por el uso privativo de instalaciones de carácter cultural y otras, apoyándose para ello en la ordenanza fiscal 2.01 del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Según el documento, el uso del salón de la Casa de Cultura, por espacio de tres horas, cuesta 29,97 euros.

 

El grupo municipal de Izquierda Unida muestra entonces su disconformidad con la decisión, y al tiempo que abona la tasa, decide recurrir, acto que no obtiene contestación por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, motivo por el cual se llega a juicio. El juicio se ha celebrado este miércoles, día 14 de mayo, y el grupo municipal está a la espera de sentencia ya que no se llegó a un acuerdo para evitar su celebración.

 

La clave reside en la consideración del acto celebrado. Como grupo municipal en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Izquierda Unida tiene derecho a un despacho en la sede del Consistorio y a disponer de medios suficientes para llevar a cabo las funciones de grupo municipal. Y esto incluye, según el artículo 28.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, poder usar dependencias municipales para "celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de intereses colectivos, generales o sectoriales de la población".

 

Por este motivo, IU de Ciudad Rodrigo considera que la actitud del Gobierno de Javier Iglesias no pretende otra cosa que entorpecer la labor de oposición que hace el grupo municipal, ya que la Casa de Cultura es una instalación municipal y pública y la condición de grupo municipal faculta a IU a celebrar allí las reuniones necesarias para su labor, sin que se le pueda aplicar el pago de tasa.

 

En este sentido, IU propone que los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo puedan acogerse a este régimen para actos de índole municipal y que tengan que ver con su labor en el Consistorio, y que si los actos se pueden considerar como organizados por el partido, sea obligatorio devengar la tasa.

 

En la capital, por ejemplo, los grupos políticos representados tienen a su disposición dependencias para celebrar reuniones sobre cuestiones que tengan que ver con el Ayuntamiento y, en cuyo caso, no se les cobra; tampoco se cobra a las asociaciones que pidan usar las que hay disponibles para este tipo de organizaciones. El único requisito es que se haga dentro del horario de la instalación y sin que esto suponga un coste adicional.