El Ayuntamiento cuenta con aplicar ya la moratoria urbanística de El Corte Inglés

Edificio de El Corte Inglés en Salamanca. Foto: T. Sánchez

Cumplido el plazo para posibles ejecuciones de sentencia, el equipo de Gobierno anuncia que ha obtenido el permiso provisional de la Junta y tendrá dos años de plazo para regularizar la situación.

El equipo de Gobierno dará hoy mismo detalles sobre la moratoria que la Junta de Castilla y León va a conceder para encauzar el error urbanístico cometido con El Corte Inglés. Esta medida otorga al consistorio un plazo y un ordenamiento provisional para resolver el embrollo provocado por la mala gestión de anteriores equipos de Gobierno para dotar al centro comercial de la base urbanística legal. El escenario para dar a conocer la respuesta de la Junta va a ser la comisión de Fomento.

 

Hace unas semanas, y tras conocerse la sentencia que ratificaba la nulidad de las licencias, como ya había pasado anteriormente con la anulación del plan urbanístico hecho para el centro comercial, el Ayuntamiento de Salamanca anunció su pretensión de pedir una moratoria. En principio, cuenta con tener dos años para arreglar el desaguisado urbanístico de plan y licencias anuladas, algo posible gracias a una decisión de la Junta de Castilla y León.

 

 

DENUNCIAS Y SOLUCIÓN

 

Durante el tiempo que dure la moratoria, la Junta permitirá al Ayuntamiento de Salamanca que esta actuación concreta se rija por un ordenamiento provisional y que, si así lo desea el consistorio, se le puedan conceder la licencias ahora anuladas. Se da la circunstancia de que este lunes, día 14 de marzo, se ha cumplido el plazo a partir del cual, según manifestó el alcalde de Salamanca, cualquier ciudadano podría solicitar la ejecución de sentencia.

 

Además, el alcalde ha ofrecido una particular solución de fondo que pretende llevar a cabo durante la moratoria, y que cuenta con la negativa de la oposición. Se trata de aprobar una modificación puntual del PGOU para convalidar la situación tal y como está, es decir, legalizando la actual situación. El modo es considerar suelo consolidado el sector donde se ha levantado el centro comercial. Sin embargo, esa es la solución más discutible porque supone dejar la situación tal y como está a pesar de que se ha evidenciado que se ha edificado por mucho más de lo que se podía; aplicar esta modificación tiene el riesgo de que la anulen los tribunales.

 

 

UNA GESTIÓN DESASTROSA

 

La gestión hecha para dar cobertura urbanística legal al centro comercial se ha demostrado como un desastre. A pesar de que la empresa se hizo cargo de la construcción de la nueva plaza de la Concordia, del centro integrado Julián Sánchez El Charro, la nueva calle y del nuevo campo de fútbol 'Neme', en el antiguo ISPE, el equipo de Gobierno diseñó un plan en el que se concedían muchos más metro de edificabilidad de los que correspondían. Según los cálculos de un técnico independiente, redactor del PGOU actual, son unos 21.000 metros de exceso que hay que reequilibrar.

 

El resultado es que los juzgados han anulado de manera reiterada y sucesiva tanto el planeamiento urbanístico diseñado para los grandes almacenes como, en última instancia, las licencias de obras y apertura concedidas por el Ayuntamiento en base a un plan que, tal y como se configuró por parte del consistorio, no era legal.

 

Esto es lo que ha desencadenado la actual situación de ilegalidad urbanística, responsabilidad de anteriores equipos de Gobierno del PP, que comparten miembros con el actual, caso de Fernando Rodríguez; y también del actual alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo en su mano resolver el problema, pero que rompió las negociaciones para que la parte demandante retirara las demandas que han provocado la anulación del plan urbano y de las licencias concedidas.