El Ayuntamiento adeuda ya dos meses a los empleados municipales

Crédito. El alcalde niega que Caja Duero se haya pronunciado en contra de la solicitud que abordará el 7 de junio la ejecutiva de la entidad bancaria. Solución. Se utilizará el anticipo solicitado a Regtsa
Miguel Corral

Después de permanecer una semana a la espera para que la entidad Caja Duero conceda el crédito a corto plazo de 80.000 euros aprobado el lunes pasado por el equipo de Gobierno municipal, el Consistorio recurrirá al anticipo de Regtsa para hacer frente a los 90.000 euros que supone el salario de los empleados municipales correspondiente a los meses de abril y mayo. Si hasta el momento no ha habido la más mínima queja por parte de la plantilla de funcionarios, ayer sus rostros no podían ocultar cierta preocupación por la situación que están viviendo y que podría empeorar el uno de julio con el cobro pendiente de otras dos nóminas, la del mes y la extra.

Y es que, a pesar de haber solventado las distintas comisiones de la entidad bancaria, el crédito solicitado permanece aún sujeto a la decisión que el día siete de este mes pueda adoptar la Comisión ejecutiva de Caja Duero, demasiado plazo para dejar en el aire una semana más el sustento de 20 familias.

Precisamente, en Vitigudino se rompe el tópico de que a los funcionarios todos los meses le cae el sueldo, una situación que el alcalde intenta superar una vez que las arcas municipales no son capaces de tapar el agujero por donde se le van las asignaciones del Estado que recibe cada mensualidad. En cualquier caso, Julio Santiago, en manifestaciones a este diario, quiso desmentir los rumores que apuntan a que el Ayuntamiento vitigudinense no tenga más crédito en la entidad financiera con la que realiza el 90% de sus movimientos, y señaló que “hasta la fecha no tenemos conocimiento de esa decisión, sino todo lo contrario, porque la solicitud ha pasado los primeros trámites y el día siete se presenta en la reunión prevista por la ejecutiva de Caja Duero”.

Entre tanto, la solución que estima el regidor será la de sobrevivir con anticipos de Regtsa correspondientes a los ingresos que le pertenecen al Ayuntamiento en concepto de impuestos y que se encarga de cobrar este organismo de la Diputación de Salamanca.

Sanciones de Urbanismo
Por otro lado, Santiago negó cualquier responsabilidad sobre la prescripción de varios expedientes abiertos por el ex teniente de alcalde, Antolín Alonso, entre ellos el del padre del actual vicealcalde, Mateo Nácar. El primer edil aseguró que “al menos tres de los seis o siete expedientes que inició fueron instruidos hasta la propuesta de resolución, por lo que en ningún caso puede achacarse al alcalde su prescripción; se tramitaron hasta el final aquellos que él instruyó hasta el final, porque la Alcaldía no puede adoptar una resolución si no hay propuesta”, precisó.

Estos expedientes fueron finalmente tramitados por Nácar, como concejal de Urbanismo, a partir de septiembre de 2009, entonces prescritos hacía más de un año cuando Alonso ostentaba el cargo de instructor como concejal de Urbanismo. “El motivo de proceder de este modo al cierre de estos expedientes, a sabiendas de que habían prescrito, era el de evitar su archivado sin más para no levantar erróneas interpretaciones”, una vez que coincidía con el enfrentamiento que protagonizaron hasta entonces los dos ediles de UPS, explicó el secretario del Ayuntamiento.

Sobre estas manifestaciones que tratan de responsabilizar a Alonso de la prescripción de las sanciones, el portavoz de UPS vuelve a reiterar su inocencia sobre el asunto, y responsabiliza al alcalde de lo sucedido. “Voy a comprobar que todos los papeles que firmé estén en el expediente, porque yo seguí todas las indicaciones del secretario y en ningún momento se me dijo que el expediente podía prescribir como hubiera sido su obligación llegado el caso”. Ahora, al margen de que la sanción económica de 3.000 euros haya prescrito, lo que todos se preguntan es el desenlace del proyecto urbanístico que dio pie al expediente en abril de 2008. Sobre esto, después de que el infractor haya continuado de forma intermitente con las obras, se autorizará un estudio de detalle que corrija los espacios a dejar sin construir en la parcela en cuestión.