El 'agujero' de Vega Terrón supera los 600.000 euros mientras García Sierra reconoce que desconocía los incumplimientos

Imagen desde Portugal del muelle de Vega Terrón. Foto: F. Oliva

Un informe interno revelado por el PSOE denuncia que la empresa que explota el muelle no pagó el canon, tampoco abonó las garantías contracturales ni ejecutó obras comprometidas, opera sin seguro a todo riesgo e intentó que la Diputación aumentara las tarifas. Exige responsabilidades políticas a Javier Iglesias y su vicepresidente.

La dimensión del escándalo de Vega Terrón, donde la empresa que explota el muelle estuvo 17 años sin pagar el canon sin que la Diputación se lo exigiera, supera los 600.000 euros, que es el importe que se calcula valen los numerosos incumplimientos de VegaTER, la empresa que ganó el concurso y a la que nunca se ha hecho un seguimiento. Así lo ha desvelado esta mañana el PSOE en la Diputación de Salamanca con una base sólida, el informe interno que se ha elaborado en La Salina para intentar esclarecer las circunstancias en las que la empresa que debía asegurar el desarrollo el muelle fluvial ha obviado buena parte de sus obligaciones desde el primer día que firmó contrato. Algo en lo que la oposición apunta las responsabilidades políticas del actual presidente, Javier Iglesias, del vicepresidente García Sierra y de sus antecesores Fernández Mañueco e Isabel Jiménez.

 

Según ha dado a conocer el portavoz socialista, Isidro Rodríguez, los incumplimientos han sido numerosos y han abarcado prácticamente todas las obligaciones contractuales. Así, la empresa lleva sin abonar el canon de explotación y ocupación desde el primer día en que se hizo con la gestión del muell; en total, y según cálculos oficiales ofrecidos por el diputado socialista Manuel Ambrosio Sánchez, el impago está cuantificado en 375.822,11 euros desde el 25 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2014.

 

Además, la empresa no ha abonado las garantías definitivas a las que obligaba el contrato, un total de 120.202,40 euros, que nunca ha presentado y que tenía que haber hecho de manera inmediata tras la adjudicación. Sí ingresó 18.000 euros de garantía provisional. La empresa, según el informe interno, tampoco tiene seguro a todo riesgo, obligatorio según el pliego de condiciones. Y ha faltado al pago de las cuotas de amortización por el uso de las instalaciones ya existentes desde el primer día de la firma del contrato, por valor de 164.135,77 euros. Además, también intentó que la Diputación subiera las tarifas que ella misma cobra por uso.

 

Además, no ha ejecutado buena parte de las obras comprometidas y a las que estaba obligada. Tenía que haber hecho un acceso independiente al puerto deportivo, valorado en 36.229 euros; nuevos tanques de combustible (9.57,25 euros); y ampliar el muelle deportivo (18.194,50 euros). En total, 63.400,77 euros en obras comprometidas y no ejecutadas. Además, tampoco ha llevado a cabo las obras complementarias de mejora que se le valoraron para adjudicar el contrato, como un minipolígono industrial y un centro lúdico en La Fregeneda y un acceso y playa fluvial al río Águeda. Este incumplimiento no está cuantificado en euros.

 

 

EL EQUIPO DE GOBIERNO DESCONOCÍA LOS INCUMPLIMIENTOS

 

En total, 603.358,25 euros en incumplimientos que no se han ingresado, sin contar las obras complementarias de mejora (no cuantificadas) ni la garantía definitiva, ni las actividades de promoción a las que también se comprometió. Y todo ello, sin que el equipo de Gobierno tuviera conocimiento. Así lo ha denunciado también el PSOE, que ha dado a conocer que en la última comisión de la Diputación en la que se ha tratado el tema el vicepresidente de la Diputación, Carlos García Sierra, ha reconocido que desconocía todos estos incumplimientos. 

 

"¿Verdaderamente no lo sabían o no se ha hecho nada?", se ha preguntado el diputado Sánchez. "En toda esta legislatura y en las anteriores hemos preguntado por el muelle de Vega Terrón y siempre se nos ha contestado que iba bien", ha lamentado el portavoz socialista Isidro Rodríguez, que ha dejado claro que la responsabilidad de exigir el cumplimiento del contrato es plenamente de los equipos de Gobierno del PP en la Diputación que han gobernado en estos 17 años, desde Fernández Mañueco a Javier Iglesias, pasando por Isabel Jiménez. "Es un ejemplo más de la desidia y falta de iniciativa del PP en este caso, cuando no connivencia con la empresa", ha dicho Rodríguez, que ha rematado que este caso "deja en muy mal lugar a Iglesias y su vicepresidente".