El 83 por ciento de los españoles no encuentra justificado pagar tasas para pleitear, según un sondeo de la CGAE

Dos de cada tres españoles cree que se lesiona a la mayoría de la población, que no tiene acceso a la justicia gratuita


MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Una encuesta encargada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) revela que el 83 por ciento de los españoles piensa que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, mientras que el 79 por ciento considera además que las cuantías establecidas en la reciente ley son excesivas.

El estudio, que ha sido presentado este viernes por el presidente de la CGAE y el sociólogo Juan José Toharia, pretende ser una respuesta contundente a las acusaciones de "corporativismo" realizadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la contestación pública que está teniendo la nueva norma.

Según Carnicer, ante dicha "imputación" los abogados han presentado una "prueba pericial" que pretende demostrar que este asunto no afecta tan sólo a los distintos colectivos que desarrollan su labor profesional en el ámbito de la Justicia, sino a todos los ciudadanos.

"No sé por qué el ministro sigue enrocado en no reconocer algo que es patente. Nos faltaba la pericial y hemos contratado al mejor perito", ha dicho Carnicer en referencia a Toharia, a quien se dio completa libertad para elaborar un cuestionario que ha sido respondido vía telefónica el pasado 26 de noviembre por 1.000 personas distribuidas de manera proporcional al conjunto de la población.

Según el sondeo, el 84 por ciento de los españoles cree que con esta ley se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva; el 83 por ciento tiene sensación de que la protección judicil disminuye y el 77 por ciento que habrá más dificultades en la lucha contra la violencia machista.

CLAMOR ALTO, CLARO Y CONTUNDENTE

Toharia ha destacado que el grado de respuesta ha sido masivo en todas las preguntas planteadas y que le ha sorprendido el nivel de conocimiento que los encuestados tenían sobre la nueva Ley.

"El sondeo viene a desmostrar que difícilmente se puede sosstener que en este tema no hay un clamor popular. Lo hay y es alto, claro y contundente", ha dicho.

Entre los resultados obtenidos, Toharia destaca que dos de cada tres españoles consideran que la norma afecta de forma lesiva a una gran parte de la población, que es la que no tiene acceso a la justicia gratuita.

En este sentido, dos de cada tres españoles han contestado que no exageran quienes afirman que va a existir una justicia para ricos y otra para pobres. Lo creen así incluyo la mayoría de los votantes del PP (54 por ciento).

Por otro lado, los ciudadanos se muestran mayoritariamente en desacuerdo con dos de los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia para justificar la nueva Ley: un 68 por ciento no cree que vaya a contribuir al mejor funcionamiento de la justicia, un 61 por ciento cree que, en cambio, muchas personas que requieran la tutela judicial van a quedar desatendidas por falta de recursos económicos.

Aún en el supuesto de que uno de los fines de esta nueva norma pudiera ser obtener fondos para financiar la justicia gratuita, tal y como ha anunciado el Ministerio, el 84 por ciento de los ciudadanos considera que es el Estado el que tiene la obligación de financiarla con cargo a los Presupuestos Generales y no los usuarios mediante el pago de tasas.

Además, de forma prácticamente unánime, según ha destacado Toharia, los españoles concluyen que el Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente de esta norma (90 por ciento).

Carnicer ha señalado que, tras conocer este informe, espera que el Ministro "no se vuelva a equivocar" en sus apreciaciones. A su juicio, no se trata de un problema de elevada cuantía, al considerar que cualquier tasa sería "inconstitucional", si bien aceptaría unas obligaciones "testimoniales" en relación con la actual situación de crisis económica.

El CGAE continuará con su campaña contra la Ley y el próximo lunes constituirá una plataforma con sindicatos y organizaciones de consumidores, además de seguir instando a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.