El 20% de los castellanos y leoneses más ricos acapara el 28 por ciento de los ingresos

Castilla y León, Extremadura y Galicia son las únicas donde la desigualdad se redujo.

El 20% de los contribuyentes castellanoleoneses más ricos acapara el 28% de todos los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe “La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre”, presentado en el marco de su XIII Congreso Anual celebrado en Granada. Sin embargo, ese porcentaje se eleva hasta el 44% en el conjunto de España.

 

Este dato contrasta con las rentas declaradas por el 80% restante, un número de contribuyentes cuatro veces superior, que acumuló el 72% de los ingresos. Por su parte, el 20% de los declarantes “más pobres” solo representa el 5% de los ingresos totales.

 

De hecho, según el índice de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no –siendo cero el valor más equitativo y 1 el más desigual–, el registro español se sitúa en un 0,32, lo que supone un nivel elevado para un país como España, que teóricamente se encuentra entre los países más desarrollados. No obstante, este coeficiente varía sustancialmente en función de las distintas comunidades autónomas analizadas, siendo Madrid y Cataluña las que presentan mayores brechas de desigualdad al concentrar el mayor número de grandes fortunas.

 

Además, los Técnicos destacan cómo esta brecha se ha abierto más en los últimos años como consecuencia de la crisis, ya que en 2007 el índice de Gini se situaba en el 0,28, aumentando un 10,8% hasta 2012. En este intervalo, fueron los años 2009 y 2010 los más dramáticos al incrementarse en casi dos millones el número de parados y al deteriorarse con mayor intensidad la economía española, que llegó a retroceder un 3,7%, dejando las cuentas públicas al borde del colapso.

 

Un 16% menos de castellanoleoneses en la pobreza

En contraste con la tónica general, la desigualdad se redujo o se mantuvo estable en Castilla y León (-16,4%), Extremadura (-8%) y Galicia (+1%). Según Gestha, esto se debe a que son autonomías en las que la densidad de grandes patrimonios es mucho menor, lo cual no crea una situación de disparidad con el resto de los asalariados, que ganan rentas mucho más modestas.  

 

En una posición intermedia se encuentran los ciudadanos de Asturias, La Rioja, Castilla y León y Baleares, que cuentan con unas cifras de desigualdad por debajo de la media aunque, según Gestha, esta brecha entre “ricos y pobres” podría incrementarse si no se adoptan medidas contundentes para contenerla.

 

Medidas centradas en las grandes fortunas

Para frenar esta situación, los Técnicos del Ministerio de Hacienda proponen intensificar la lucha contra el fraude, y enfoncarla en investigar la evasión protagonizada por las grandes fortunas y grandes empresas, que concentran el 71,8% del fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.

 

Al mismo tiempo, Gestha aboga por crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo. De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales.

 

En este sentido, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señaló que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal “tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras”.

 

A este objetivo también ayudaría una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que dedicara más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos a lo más fácil que es investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un mayor control de la eficiencia del gasto público.

 

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “si se adoptaran estas medidas, y se redujera la elusión de las grandes fortunas y multinacionales, el sistema fiscal contribuiría a reducir la desigualdad por el efecto redistributivo que debería tener el sistema fiscal, en general, y el IRPF en particular”.