Diálogo, transparencia y participación se dan con una puerta

Instantes previos a la reunión entre afectados por el parking y el Ayuntamiento.

Transparencia, diálogo, participación, política para los ciudadanos... son las ideas que, se supone, traía el nuevo rumbo de la política. En Salamanca, no obstante, parece que todavía tardará en arrancar el cambio: el límite de aforo en un salón de plenos manda mucho.

Dicen que los cambios tardan en llegar a provincias, y en cuestión de política parece que también es así. Lo ocurrido esta semana en el pleno de la Diputación de Salamanca lo confirma. La escena es la siguiente. Un grupo de ciudadanos, enfadados por los recortes en sanidad en su comarca, piden acudir al pleno. Se les hace esperar fuera. Hábilmente, se buscan voluntarios para llenar la sala. Llega la hora del pleno y, sorpresa, no caben porque el reglamento impide que entren en la sala más de 50 personas. Sorpresa, enfado, bronca mayúscula (el PSOE retira todas sus mociones y preguntas) y el presidente de la Diputación que no se mueve de su posición: no hay sitio, ciudadanos que no entran al pleno.

 

El capítulo del diálogo entre formaciones políticas lo comparten Diputación y Ayuntamiento. La primera, por rechazar una moción del PSOE para que los municipios tengan algo más de margen para devolver los créditos del plan de pago a proveedores; la moción va en la misma línea de una que sí se ha aprobado por impulso de la FEMP. Claro, esta venía avalada por los mismos colores políticos de Iglesias.

 

Y en el Ayuntamiento tampoco hubo manera de que el jueves Fernández Mañueco reconsiderara la posición del equipo de Gobierno respecto al contrato del bus urbano ni a una propuesta para elaborar mejor el cambio en las remuneraciones de los altos directivos de las fundaciones dependientes del Ayuntamiento, en la que los socialistas no estaban conformes ni con las cantidades, que elevan el umbral futuro de suelo de los gerentes; ni con la consideración de la Ramos Andrade-Casa Lis, lo que da pie a limitaciones que, probablemente, serán positivas, pero que no se aplican en otras entidades dependientes del Ayuntamiento con la misma o más necesidad de fiscalización.

 

Antes, el miércoles, Fernández Mañueco volvió a la carga con una nueva ronda de negociaciones con los afectados por el parking de Comuneros. Una treintena de ellos le volvieron a decir "¡Qué no, qué no, que no queremos parking!", pero el alcalde les salió con una comisión. A cambio, les ha pedido el fin de las manifestaciones: vamos, paz por pancartas. Y se ha sacado de la manga un truco: si hace semanas se comprometió a actuar en el solar de calle la Radio y al arreglo del parque de La Alamedilla, ahora el futuro de estas actuaciones está ligado a lo que se decida sobre el parking.

 

Como ya hemos dicho en TRIBUNA alguna vez, este movimiento ciudadano ha salido listo y muchos ya recordaban ese célebre adagio político que define las comisiones como el cementerio de los proyectos... ya veremos si es el caso o si lo único que se entierra es la protesta. Los afectados, eso sí, lo tienen claro: su única postura es el 'NO' al parking y quieren que se les escuche pronto. Si no, vuelta a las calles.

 

El afán de comisión puede tener que ver con la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo. Por aquello de que tener líos en la administración local no adorna mucho. Y 300 vecinos manifestándose todos los jueves porque no quiere un parking da para una llamada a capítulo si la protesta se endurece. Y por lo que se ve, el alcalde no está para perder mucho crédito ante los suyos, que le han dejado fuera del programa regional de las europeas y de las mesas de debate de la Intermunicipal del PP. Dicen que, como respuesta, decidió no ir a la conferencia de la única representante de Castilla y León, la alcaldesa de Zamora, y que se le vio bastante aislado. 

 

Al final de la semana y con algo de retraso, pero el caso de la diputada Chabela de la Torre y su participación en una firma de asesoría financiera y de empresas, que olvidó declarar, también ha provocado la reacción del PSOE. Los socialistas denuncian el olvido selectivo, vamos, que en 2011 cuando las declaraciones de bienes eran privadas sí lo incluyó y cuando en 2013 hubo que hacer una para ponerla en la web, se le pasó. Por esto, y por compatibilizar su cargo como diputada de Hacienda con esta actividad, han pedido su dimisión o cese.