Denuncian ante Anticorrupción irregularidades para repartirse los concursos de acreedores en Salamanca

Juzgados de Salamanca.

Un empresario hace llegar a la Fiscalía sospechas sobre la elección de un grupo concreto de letrados para los concursos de acreedores más sustanciosos de la provincia. Según la denuncia, los juzgados elegirían siempre a los mismos administradores, vinculados a la anterior directiva del Colegio de Abogados.

La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder una denuncia que siembra la duda sobre le proceso de elección de los administradores concursales que se ocupan de los concursos de acreedores de las empresas que caen en esta situación en Salamanca. La denuncia, interpuesta por M. R. G, un empresario afectado por varios de estos procesos, alimenta la sospecha sobre prácticas poco transparentes en las que se habría beneficiado a un grupo de letrados a la hora de designar los profesionales que se ocupan de los procesos más cuantiosos, aquellos que afectan a empresas grandes; esto beneficiaría a los designados con los emolumentos más elevados, ya que según la normativa quien ejerce de administrador concursal cobra en función no de lo que debe la empresa o el precio por el que se liquida, sino por su activo total.

 

El proceso para designar a los letrados que ejercen como administradores concursales en Salamanca está despertando las sospechas de empresas afectadas, que ven como las mismas firmas acceden a los concursos más lucrativos, los que afectan a empresas con un activo millonario. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder un escrito de denuncia de un empresario salmantino que ha denunciado irregularidades en la elección de los administradores que se ocupan de cada caso.

 

Según el escrito, al que ha tenido acceso TRIBUNA, el empresario afectado sospecha que se ha estado nombrando de manera prioritaria a un grupo de administradores concursales al margen del uso de las listas de los habilitados. Hay que recordar que, según el procedimiento, todo aquel profesional que quiere ejercer como administrador concursal en concursos de acreedores debe inscribirse en una lista que se nutre, fundamentalmente, de los colegios profesionales de abogados, economistas, auditores y titulados mercantiles; la elección es facultad del juez encargado del proceso, pero el designado tiene que estar en la citada lista y cumplir unos requisitos.

 

Según el escrito de denuncia, el nombramiento de administradores concursales se habría centrado en letrados vinculados a la anterior Junta Directiva del Colegio de Abogados de Salamanca. El denunciante pone en conocimiento de la fiscalía que para acceder a las citadas listas era requisito la participación en cursos de capacitación para ejercer en procesos concursales, y que se produjeron irregularidades en la organización, dirección y desarrollo de estos cursos. El resultado, según la denuncia de M. R. G., es que los participantes en esos cursos eran nombrados administradores en los concursos más sustanciosos económicamente. Según el denunciante, esto ha podido perjudicar a las empresas de su propiedad que sometidas a proceso concursal.

 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONCURSOS

 

Según fuentes consultadas por TRIBUNA, lo habitual a la hora de designar un administrador concursal para resolver una situación de quiebra de una empresa es que el juez de lo mercantil recurra a profesionales de confianza y que hayan llevado procesos de este tipo en la provincia donde se producen, ya que esta decisión es potestad del juez que lleva el proceso.

 

Es obligatorio que esté apuntado en una lista de administradores que elabora cada año el Colegio de Abogados; para formar parte de ella es necesario tener más de cinco años de ejercicio y estar apuntado en la lista específicamente para la provincia en la que se pretende ejercitar esta labor, para lo cual hay que tener algún domicilio profesional en la provincia. A la lista hacen aportaciones los colegios de abogados, economistas, auditores y titulados mercantiles.

 

Actualmente está formada por unos 200 profesionales en la provincia, aunque no todos ejercen. El grupo de los que habitualmente entran en los concursos de empresas en dificultades se reduce a 8-10 según fuentes consultadas por este medio. El motivo reside en la facultad de la designación, reservada por ley al juez de lo mercantil, que como práctica general recurre a empresas con experiencia y de su confianza, especialmente en los grandes concursos. En Salamanca son excepción los casos en los que una gran empresa ha entrado en concurso de acreedores, aunque en los años de la crisis sí que los ha habido y también se ha aumentado el volumen de trabajo en este campo.

 

Sin embargo, y como ocurre en el ámbito nacional, estos procesos acaban siendo coto de despachos o empresas especializadas, que se quedan especialmente con los concursos de empresas más grandes, mucho más complejos, pero también más lucrativos. En Salamanca, lo habitual son procesos de empresas pequeñas y medianas, donde lejos de lucrarse, incluso los propios administradores concursales pueden llegar a tener dificultades para cobrar.

 

Hay que tener en cuenta que son los concursos de las macroempresas los que resultan más jugosos económicamente. Según la normativa, el profesional designado como administrador concursal cobra un porcentaje en función de la masa de la empresa, de su activo y pasivo, no en función de su liquidación o de lo que deba a sus acreedores la firma; la cantidad se fija en función de las últimas cuentas presentadas. Además, los administradores tiene, por ley, prioridad para cobrar sus emolumentos, por encima incluso de Hacienda y la Seguridad Social. Las quiebras de macroempresas como Marsans o Martinsa Fadesa han generado importantes cantidades a sus administradores concursales en concepto de honorarios.