CSI-F pide que se cree un defensor del empleado público

El sindicato opina que debe ser una unidad administrativa, con una dotación económica y funcional, y con un carácter marcadamente independiente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Castilla y León la creación de la figura del defensor del empleado público para "garantizar la protección de los empleados que denuncien posibles situaciones de irregularidades administrativas, hechos fraudulentos o de corrupción", conforme al anteproyecto presentado por el Gobierno regional, con el que pretende luchar contra la corrupción política. CSI-F entiende que la Inspección "no ofrece las garantías suficientes para esa protección"; y pide que el defensor del empleado público se trate como una unidad administrativa propia.

 

El responsable del sector de la Administración General de la Junta, Mariano Prieto, insiste en que “si queremos que la futura ley sea eficaz, tiene que tener todas las garantías jurídicas para que el empleado público se sienta seguro, ante posibles actuaciones de represalias sobre su situación laboral”. Por ello, Prieto remarca que tiene que ofrecer “todos los mecanismos y medidas necesarias para asegurar y garantizar la protección de los empleados informantes, para salvaguardar la identidad del informador, si realmente la Junta quiere apostar por una administración transparente y una cultura de la honestidad política y de la legalidad.

 

Prieto explica que el anteproyecto presentado otorga a la Inspección General de Servicios las competencias y la responsabilidad de tramitar y atender las posibles denuncias o informaciones de los empleados públicos, sobre posibles corrupciones e irregularidades. Sin embargo, el presidente autonómico del sector de la Administración General de la Junta añade que aunque la Junta considera ese organismo “como el más adecuado, lo cierto es que los inspectores se eligen por libre designación de los responsables políticos o de la administración, por lo que es difícil que esos inspectores generen la confianza suficiente entre los empleados, como para creer que actuarán contra quienes les han nombrado; o contra responsables con los que los inspectores pueden tener cierta complicidad, ya que les conocen. En algunos casos, los propios inspectores también han podido pertenecer al estamento de altos puestos de las administración o, incluso, de responsables políticos”.

 

CSI-F entiende que la creación de una unidad del defensor del empleado público ante la corrupción debe ser el órgano superior al que elevar los posibles informes sobre ilegalidad administrativa e irregularidades. CSI-F reclama un periodo de protección para el empleado informante, de al menos cinco años, para evitar presiones y amenazas a contar desde la denuncia formulada.

 

El sindicato independiente, al que le parece “interesante” la propuesta de la Junta para luchar contra la corrupción, sí exige que se establezca un protocolo de actuación ante estos casos y situaciones. CSI-F pide que se incluya en el proyecto de Ley “un sistema de sanciones, y que se haga referencia al régimen disciplinario para altos cargos, empleados públicos o incumplidores de las normas sobre transparencia y buen gobierno, dando a entender de las consecuencias negativas o sanciones para los incumplidores”.