CSI-F exige que las medidas aprobadas para el personal de las Cortes se extiendan al resto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León

El sindicato reclamará judicialmente la paga extra de diciembre de 2012 a partir de enero, cuando se haya consumado la suspensión del pago
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exige que las medidas aplicadas para el personal de las Cortes de Castilla y León se extiendan al resto de empleados públicos de la Junta, al considerar que no deben existir diferencias entre el personal que trabaja en las Cortes y el resto de empleados públicos, aun teniendo en cuenta que estas medidas se encuentran dentro de la legalidad ya que las cámaras legislativas, autonómicas y estatales no están sujetas al cumplimiento del decreto que entró en vigor el pasado 13 de julio.

En este sentido y teniendo en cuenta además que Castilla y León cumplirá con el objetivo del déficit marcado por el gobierno y que goza de liquidez, CSI-F solicita a la Consejería de Hacienda que se abone a los empleados públicos la paga extra de diciembre de este año prorrateada como un complemento retributivo en las nóminas de 2013. CSI-F reclamará, en cualquier caso, la paga extra de diciembre de 2012 judicialmente presentando sendas demandas en la Audiencia Nacional (en el caso del personal laboral que se rige por el Estatuto de los Trabajadores) y otro por la vía de lo Contencioso Administrativo (en los casos de personal funcionario).

Desde CSI-F no se entiende cómo una comunidad que va a cerrar el ejercicio anual con equilibrio en sus cuentas y con un déficit del 0% exija a los empleados públicos un sacrificio a costa de una reducción en sus nóminas y que este mismo sacrificio no se haga extensivo a todos los trabajadores de la administración.

CSI-F considera que se crea una desigualdad y un agravio entre los empleados públicos como los demuestran las medidas que figuran en el Estatuto del Empleado Público, publicado en el Bocyl el pasado 21 de noviembre, y las aprobadas por el Gobierno estatal el pasado mes de julio y que recoge el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Así, mientras el personal de las Cortes podría disfrutar de hasta cinco días moscosos, el resto de empleados públicos solo tendrá tres. Además los trabajadores de las Cortes conservan un canoso (el día de vacaciones que gana un trabajador cuando cumple 10 años de antigüedad), mientras que los empleados públicos no podrán acumularlos. Se establece incluso un agravio en el caso de las bajas ya que el Estatuto de Personal de las Cortes establece una “licencia” que no podrá superar los tres días por enfermedad “debidamente acreditada”, es decir, la ausencia del empleado de las Cortes no supondrá ningún recorte en su nómina si está justificado mientras que para el resto de los trabajadores públicos el decreto estatal fija que durante los tres primeros días de baja justificada el trabajador percibirá el 50% de su sueldo. E incluso se producen diferencias con el cobro de la paga extraordinaria de diciembre ya que el estatuto de personal recoge que “la Mesa de las Cortes de Castilla y León podrá suspender el abono de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012”, una paga extra que los empleados públicos no cobrarán, incluyendo aquí a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para los que también se ha pedido el mismo sacrificio.

Por ello CSI-F exige que se eliminen estas diferencias y que las medidas que recoge el Estatuto de Personal de las Cortes se extiendan a todos los empleados públicos, más aun teniendo en cuenta la buena salud económica de la Junta de Castilla y León.