Clemente advierte de que si no se incluyen "derechos especiales" para la ganadería será un "grave problema"

Ha hecho especial hincapié en la preocupación del Gobierno regional por el aspecto de la ganadería intensiva

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha advertido de que si la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) no incluye las enmiendas que plantean el mantenimiento de "derechos especiales" para la ganadería, supondrá un "grave problema" para la Comunidad, ya que esta modalidad supone el 50 por ciento de la producción final agraria.

La consejera ha participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, dentro de la ronda de contactos relacionada con el proceso de la reforma de la PAC y ha explicado algunos de los apartados sobre los que se han basado las 110 enmiendas presentadas al reglamento por la Junta de Castila y León.

Así, ha hecho especial hincapié en la preocupación del Gobierno regional por el aspecto de la ganadería intensiva, ya que el reglamento no recoge pagos a las explotaciones que no tienen asociado territorio ni algún tipo de derechos especiales alternativos.

"Si no se modifica el texto actual", ha advertido Clemente, la ganadería perdería "todas las ayudas que ahora tiene", lo que supondría un "grave problema" para una Comunidad como Castilla y León en la que la ganadería representa el 50 por ciento de la producción final agraria, "12 puntos más" que la media de lo que aporta en España.

Por ello, las enmiendas plantean que se asocien las ayudas a la ganadería a otro tipo de actividades relacionadas con el "componente verde" --greening-- como el uso de estiércoles, si bien ha advertido de que tanto Castilla y León como otras comunidades autónomas y gran parte de los países de la Unión Europea han reclamado que el 'greening' tenga menor peso. De hecho, cerca de un 10 por ciento de las 7.000 enmiendas presentadas en total va en este sentido.

Según Silvia Clemente, las enmiendas de la Junta están "en la línea que presenta España" y tratan de contemplar "la especificidad de algunos cultivos y el territorio tal y como está estructurado".

Por otro lado, se han planteado enmiendas al reglamento de pagos directos y a cuestiones "más controvertidas" como el concepto de agricultor activo, la limitación de la superficie admisible o la incorporación de incentivos jóvenes. "Se trata de asuntos que creemos que tienen que ser modificados pues nuestro planteamiento en las enmiendas es que la reforma contemple la diversidad de sistemas productivos que tiene especificamente Castilla y León", ha recalcado.

También se presentaron enmiendas a las medidas de mercado, como las cuotas de producción de azúcar y para favorecer la intervención en el sector lácteo.

Por último, sobre el reglamento de medidas de desarrollo rural, la Junta defiende que se fijen medidas al incentivo de la jubilación y que también se contemplen inversiones en nuevos regadíos, pues en esta materia sólo se recogen incentivos para la eficiencia con un objetivo "prácticamente imposible", a su juicio, de reducir en un 25 por cientoel uso de agua.

Clemente considera fundamental este apartado pues "seguir apostando por los regadíos es apostar por la modernización del campo, con menor coste, mayor diversificación y mayor posibilidad de profesionalización para el agricultor.