Ciudadanos ha forzado ya la dimisión de seis cargos del PP como condición para pactar en Madrid y en Murcia

Albert Rivera en una rueda de prensa

Además, se espera la próxima renuncia de Miguel Ángel Cámara, secretario general del PP y alcalde de Murcia

Ciudadanos (C's) ha forzado ya la dimisión de tres cargos del Partido Popular en Madrid y otros tres en Murcia relacionados con casos de corrupción, dos comunidades donde los 'populares' necesitan la ayuda de la formación de Albert Rivera para que sus candidatos sean investidos como presidentes.


En Madrid, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y el cabeza de lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, han llegado a un "principio de acuerdo" respecto al pacto por la regeneración que C's presenta como condición previa para decidir si apoya la investidura de Cifuentes.

Desde que se celebraron las elecciones el pasado 24 de mayo, han dimitido los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar, imputados por delitos de corrupción en el marco de la 'Operación Púnica', y, este mismo jueves, el alcalde en funciones de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, que fue reelegido pero está imputado por delitos urbanísticos de su etapa como alcalde de Guadarrama.

El que ocupaba el séptimo puesto en la lista electoral de Cifuentes, Álvaro Ballarín, ahora diputado, estuvo imputado por prevaricación, falsedad documental y desobediencia por supuestamente haber desobedecido una orden judicial de demolición y haber amañado informes técnicos del Ayuntamiento de Madrid.

Aunque Ciudadanos inicialmente pidió su dimisión, posteriormente los demandantes retiraron la querella y la juez archivó la causa. Ahora la Fiscalía tiene que decidir si recurre o no esta decisión, pero Aguado ha subrayado, que si Ballarín o cualquier otro de la lista del PP fuera imputado, supondría "un bloqueo inmediato de las negociaciones".

DELEGADO DEL GOBIERNO EN MURCIA

En Murcia, la dimisión de mayor calado ha sido la del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado desde junio de 2014 por un presunto delito de prevaricación en el caso de corrupción urbanística 'Novo Carthago'.

Además, la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, imputada por cohecho en un caso de presunta corrupción urbanística, ha solicitado su baja como militante del PP, si bien no renuncia a ser concejal en este municipio.

Por otro lado, C's exige la dimisión del secretario general del PP y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que, aunque continúa en el cargo, ya ha dicho que no será un impedimento para su partido.

En cuanto al alcalde en funciones de Blanca, Rafael Laorden, acusado de impulsar un vertedero ilegal en un paraje protegido, C's ha dicho que su situación estará "encima de la mesa" este viernes aunque no lo consideran un caso de corrupción. Previsiblemente, ese día se reunirán con el PP, cuyo Su candidato en la Región, Pedro Antonio Sánchez, aspira a conseguir la investidura como presidente.

Previamente, en Murcia se había producido también la dimisión del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha decidido. Había sido citado a declarar como imputado el marco de la 'Operación Púnica'.

"JUBILACIÓN" DE PEDRO SANZ EN LA RIOJA

Otra de las comunidades donde C's podría permitir la investidura de un presidente del PP es La Rioja, donde ya firmaron el acuerdo de regeneración democrática propuesto por el partido naranja. Aunque no se ha tenido que producir ninguna dimisión, Ciudadanos ha dicho que el candidato a repetir en el cargo, Pedro Sanz, debería plantearse su "jubilación política" y no volver a presentarse a la reelección ya que lleva 20 años como presidente.

En Castilla y León, C's y el PP firmarán este mismo jueves el 'Compromiso por la regeneración democrática', en el que Ciudadanos incluye siempre la exigencia de apartar de su cargo a aquellas personas que resulten imputadas por delitos de corrupción.

Al respecto, el portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha aclarado que los seis altos cargos imputados en el 'caso Arroyo' no están relacionados con casos de corrupción y que simplemente han sido llamados a declarar.