CiU pide librar a las CC.AA de su obligación de dar transporte y comedor gratuito a escolares de pueblos próximos

Autobús Escolar, Rutas Escolares
El Pleno del Congreso decidirá el próximo martes si toma en consideración una proposición de ley de CiU para modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el fin de eximir a las comunidades autónomas de su obligación de prestar gratuitamente los servicios de transporte, comedor e internado escolar para aquellos alumnos de zonas rurales que deben desplazarse a un municipio distinto al de residencia para ir al colegio.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso decidirá el próximo martes si toma en consideración una proposición de ley de CiU para modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el fin de eximir a las comunidades autónomas de su obligación de prestar gratuitamente los servicios de transporte, comedor e internado escolar para aquellos alumnos de zonas rurales que deben desplazarse a un municipio distinto al de residencia para ir al colegio.

En la actualidad, la Ley Orgánica de Educación establece que, en las zonas rurales, se puede escolarizar a los niños de enseñanza básica en un municipio próximo al de su residencia y se obliga a las propias administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, a prestar de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.

Los nacionalistas catalanes plantean que esa disposición no tenga carácter básico para así posibilitar que sean las propias comunidades autónomas las que decidan si quieren seguir prestando esos servicios escolares de forma gratuita con carácter general, o bien buscar otras fórmulas.

Para CiU, deberían tenerse en cuenta una serie de factores a la hora de decidir estas ayudas, como puede ser la renta familiar, la distancia entre el domicilio de residencia y el centro educativo, así como la existencia o no de comunicaciones ordinarias.

El portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, explica en este sentido que en la actualidad para la concesión de estas ayudas, independientemente de los recursos económicos con los que cuenta el núcleo familiar perceptor de estas ayudas, sólo se valora si el alumno en cuestión se ve obligado a desplazarse a un municipio distinto del que vive para ir a la escuela, o la carencia de transporte público y comunicaciones.

A su juicio, sería conveniente en esta época de crisis valorar la renta familiar a la hora de repartir dichas ayudas. "El criterio de justicia social pasa por introducir criterios de renta", ha afirmado el parlamentario catalán, que considera que para el transporte y el comedor, el criterio "más adecuado" es el nivel de renta y la distancia.

Por ello, desde CiU se propone eliminar el carácter básico que concede la Ley Orgánica de Educación a estas ayudas para "ser más justos a la hora de repartir estos recursos", y que sean las propias comunidades autónomas las que determinen, en función de su situación y necesidades reales, el criterio a seguir a la hora de conceder estas prestaciones, que para los nacionalistas catalanes debe ser en función de la renta familiar.