CHA critica la reforma por ser una "vuelta a la clandestinidad" en la interrupción de embarazos

La reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que impulsa el Consejo de Ministros supone la "vuelta a los abortos en la clandestinidad, con riesgos para la salud de las mujeres que no tengan dinero suficiente para pagar informes médicos favorables o viajes al extranjero", ha señalado la responsable de la secretaría de igualdad de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas.
ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)



Penalizar el aborto y retroceder hasta una ley más restrictiva que la de 1985 es "injustificable en democracia porque destroza el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad", ha incidido Ibeas, quien ha recalcado que "somos consideradas ciudadanas de segunda, incapaces de decidir sobre nuestra propia vida y se nos arrebatan los derechos humanos y ciudadanos".

Desde CHA se critica duramente a "un gobierno que actúa al dictado de la Conferencia Episcopal, que discrimina y que busca el sometimiento de las mujeres implantando su propia moral a toda la sociedad"- explica Nieves Ibeas quien exige al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) "la defensa contundente de los derechos de las mujeres, hoy, más que nunca, en vez de acatar las políticas del gobierno PP y PAR y callarse ante semejantes atropellos".

En este sentido, Ibeas ha anunciado que CHA ha registrado una Proposición no de Ley para debatir en el Pleno de las Cortes, acorde con la normativa europea e internacional, con la que exigir la protección y seguridad jurídica de las mujeres en relación con sus derechos sexuales y reproductivos, dentro de una sociedad democrática y laica, libre de imposiciones religiosas.

La iniciativa plantea el rechazo de las Cortes "a cualquier modificación legislativa que restrinja los actuales derechos de las mujeres reconocidos la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" y el compromiso del Gobierno de Aragón a defender y a seguir garantizando el ejercicio de dichos derechos dentro del sistema sanitario público aragonés.