¿Cerraría el Ayuntamiento la plaza de la Concordia y el Julián Sánchez 'El Charro'?

El equipo de Gobierno 'mete miedo' con los daños colaterales de la anulación de las licencias de El Corte Inglés y asegura que la anulación del plan general para esta zona afectaría a la plaza, el centro cívico o el campo de fútbol.

La sentencia que anula todo el planeamiento urbanístico diseñado para la llegada de El Corte Inglés puede generar algunos daños colaterales. La sentencia que declara nulas todas las licencias concedidas se basa en la invalidez de la parte del Plan General de Ordenación Urbana que se hizo para esta operación urbanística, que proporcionó un paraguas legal a la conversión del antiguo cuartel en una nueva zona urbana. Sin embargo, el edificio del centro comercial y sus plantas de parking no son lo único que se benefició de este plan urbanístico.

 

Bajo ese paraguas se hicieron también la gran plaza de la Concordia y el edificio del centro Julián Sánchez 'El Charro', además de la nueva calle de acceso, y también están afectados los nuevos campos de fútbol en el antiguo solar del ISPE, el dedicado a 'Neme'. Todos ellos, según el concejal Fernando Rodríguez, están en el mismo riesgo de cierre que los grandes almacenes ya que son tan ilegales como el edificio.

 

Aunque la justicia ha anulado convenio y licencias, lo que realmente se cuestiona es la legalidad de que el centro comercial haya construído una cantidad de metros edificables que es casi diez veces lo que transfirió en metros; los 36.000 metros de su sede por los 3.600 que computan, comparados en términos de edificabilidad, los del campo de fútbol. Así que el cierre se podría tener en entredicho.

 

Pero lo más llamativo es que el equipo de Gobierno hable de un cierre de varias instalaciones públicas y municipales como la plaza y la calle, el centro cívico o el campo de fútbol cuando ninguna de las partes implicadas habla de cerrar el centro comercial; de hecho, uno de los acuerdos de base es que no se va a cuestionar ni el funcionamiento de este negocio ni los 700 puestos de trabajo directos que da.

 

Eso es algo que no se ha planteado revertir, como tampoco los grupos de la oposición han cuestionado la validez de estas actuaciones, sino el beneficio extraordinario que sacó la empresa para poder construir su sede. Algo que hizo atendiendo a la ordenación urbanística propiciada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca y las licencias que se le concedieron.