CCOO y UGT apuntan a García Sierra: "La última palabra en las contrataciones es de los políticos"

Carlos García Sierra, junto a Javier Iglesias, en rueda de prensa. Foto: NSZ

Responsables de los dos grandes sindicatos están convencidos de que la responsabilidad última es del diputado de Fomento porque los funcionarios afectados están colocados en esos puestos por la corporación. 

Los responsables en la Diputación y las administraciones de los dos grandes sindicatos han cargado con dureza contra Carlos García Sierra, vicepresidente y diputado de Fomento, al que consideran el auténtico responsable de las irregularidades en las contrataciones de obras por las que se ha apartado a dos funcionarios. Tanto CCOO como UGT recuerdan que, en todas las contrataciones, la decisión última es del cargo político y que los técnicos solo aportan informes.

 

El representante sindical de CCOO en la Diputación de Salamanca, Florencio Martín, ha puesto de manifiesto que este escándalo "es un tema político porque es un puesto que lo nombra la corporación", en referencia al de director del área de Fomento, uno de los funcionarios supuestamente apartados. "La última palabra en las contrataciones la tienen los cargos políticos y aunque haya técnicos debe haber un control último", asegura. Martín, que asegura que su sindicato ha presentado algunas consultas en torno a la política de nombramientos de la Diputación, pone de manifiesto que los puestos afectados "son libres designaciones en las que el equipo de Gobierno decide a quien coloca", que lo lógico es que en los puestos "estuvieran los que estén capacitados" y que debería existir más control.

 

El delegado de CCOO tiene claro que si se han cometido irregularidades se tienen que resolver, pero que existen una responsabilidades políticas indiscutibles. "Si alguien tiene algo que se le pueda imputar lo dirá la justicia, eso no quita que se tengan que depurar las responsabilidades políticas porque los coloca el equipo de Gobierno", ha dicho. Martín también lamenta que la Diputación no haya procedido a publicar un decreto en el que relegue a los funcionarios señalados y que no se haya seguido el procedimiento habitual de expedientar.

 

Por su parte, Fernando López, secretario de organización de FSP-UGT, apunta también a Carlos García Sierra. "Entendemos que el máximo responsable es el diputado del área de Fomento", ha dicho el representante sindical, que lamenta que "se está intentando inculpar a los trabajadores por unas actuaciones que nos sabemos cuáles son para desviar las responsabilidades políticas". "Se ha querido buscar un chivo expiatorio", asegura.

 

El responsable de FSP-UGT se declara "asombrado" de que el caso se lleve a Fiscalía "y se cuente en prensa el mismo día para ponerse las medallas". López lamenta que se haya optado por esta vía porque no hay expediente administrativo y los afectados tienen derecho a defenderse y a un recurso en el contencioso si, llegado el caso, no estuvieran conformes con la sanción. Considera que se debería haber seguido el procedimiento habitual "independientemente de que se pase a Fiscalía", pero "no a bombo y platillo".