Castilla y León aplaude el reparto de las ayudas para luchar contra la violencia de género

La cuantía total de las ayudas asciende a 4,3 millones de euros.

La mayoría de las comunidades autónomas, todas ellas del Partido Popular, han valorado positivamente la incorporación de la dispersión poblacional en los criterios de reparto del presupuesto para la atención de las víctimas de violencia de género y sus hijos menores de edad, que este año asciende a 4,3 millones de euros a los que se suma un millón de euros proveniente del Espacio Económico Europeo.

  

Así lo han señalado en declaraciones a los periodistas los representantes del Gobierno de Aragón, Extremadura, Cantabria y Ceuta tras asistir a la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este lunes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid.

  

Antes de acudir a la reunión, los representantes de las comunidades de Galicia y Castilla y León también han aplaudido el nuevo criterio con el que se distribuye el crédito entre las distintas comunidades autónomas ya que con esta medido se favorece a las mujeres que pertenecen al ámbito rural.

    

La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha agradecido que el reparto este años se haya visto incrementado en 300.000 euros, y ha hecho especial hincapié en que la introducción del nuevo criterio "ha sido valorado positivamente por la mayoría de las comunidades autónomas dado que tiene en cuenta la dispersión y la ruralidad".

  

Díaz cree que precisamente en el ámbito rural "es donde la mujer tiene todavía más desigualdad". Por este motivo ha afirmado que el hecho de introducir un criterio que la favorece "ha sido valorado muy positivamente".

    

La satisfacción mostrada  por la mayoría de las regiones se produce después de que diversas comunidades pusieran de manifiesto la necesidad de que se replantearan los criterios de distribución empleados en los últimos años para el reparto de estas ayudas.

 

"CRITERIO CONSENSUADO"

  

Por su parte, la directora del Instituto aragonés de la Mujer, María Pilar Argente, ha agradecido la medida de incluir el criterio de despoblación, ya que ha hecho que las ayudas en el ámbito de la violencia de género hayan aumentado en su comunidad: "Criterio de despoblación es un criterio consensuado con todas las comunidades autónomas y apoyados por la mayoría de ellas", ha matizado.

  

"Consideramos que es un éxito porque en nuestro territorio tenemos 168 municipios con menos de 100 habitantes y muchos con menos de 5.000", ha señalado Argente, añadiendo que con esta medida el Ministerio "ha demostrado tener una sensibilidad especial con la violencia de género en el ámbito rural".

  

Desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, la directora general María José Ordóñez, ha elogiado que Igualdad haya escuchado su propuesta porque, a su juicio, "no es igual vivir en una comunidad donde el territorio sea muy grande, y sea muy difícil acceder a los recursos".

 

MÁS FACILIDAD DE ACCESO A RECURSOS

  

En su opinión, al incluirse la dispersión poblacional en el reparto se favorece a las mujeres rurales "que por razones de su situación geográfica tenían más dificultad de acceso a los recursos". Asimismo ha explicado que los 300.000 euros en los que se ha ampliado el presupuesto total "se han dedicado al criterio" implantado.

  

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Mujer de  la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, ha destacado el "sobre esfuerzo" realizado desde el Ministerio para aumentar el crédito a repartir entre las regiones.

  

Además, ha recalcado la "sensibilidad" de la institución pública al "sumar las peculiaridades" de Ceuta y de Melilla después de que se hayan incrementado la cuantía que reciben en 25.000 euros con el fin de garantizarles 72.059 euros.

  

Ceuta y Melilla "tienen elevada densidad de población y tienen una población flotante diaria de 20.000 a 25.000 personas, y muchas de ellas son usuarias de los servicios de asistencia integral a la mujer", ha dicho.

 

CATALUÑA Y PAÍS VASCO, NO AL PROTOCOLO NACIONAL DE CASAS ACOGIDA

  

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado que en la cita de este martes todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y País Vasco, "en gran medida por motivos competenciales", han acordado un protocolo nacional que agilizará los desplazamientos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos entre casas de acogida.

  

Melilla tampoco lo ha ratificado este lunes por no estar presente en la reunión, si bien Camarero ha asegurado que le consta que la ciudad autónoma se adherirá al mencionado protocolo.

  

"Todas las comunidades autónomas han alabado la medida (...), han dicho que es una buena medida de coordinación que se esperaba desde hacía mucho tiempo para ayudar a las víctimas de violencia de género a moverse por el territorio español sin ningún tipo de problema", ha celebrado la secretaria de Estado.

  

Al no ratificarse el convenio en Cataluña y País Vasco, Camarero ha explicado que éste no tendrá vigencia en estas comunidades autónomas, ya que el ministerio no puede obligarles, y cree que sucederá lo que hasta ahora:

 

"La solidaridad primará sobre la firma de protocolo y hoy día las comunidades atienden a mujeres, aunque no existiese este protocolo. Es evidente que las comunidades que lo han firmado tienen más facilidades sobre todo en el supuesto de los costes económicos, o en el momento de la coordinación tienen más facilidades que aquellas que no lo hayan firmado. Ninguna mujer va a sufrir porque las comunidades serán solidarias unas con otras".

  

En esta línea, la consejera de Cantabria ha calificado este acuerdo firmado por 15 comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco de "hito importante".

  

Las comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, no se han pronunciado ante los medios sobre el reparto de ayudas para luchar contra la violencia de género, aunque antes de comenzar la Sectorial han pedido la retirada inmediata del anteproyecto de ley del aborto. Tampoco se ha pronunciado Canarias, que también se ha mostrado a favor del retirar el citado proyecto.

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