Caso IFESA: dos años de la denuncia por presunta corrupción que mantiene en vilo a Javier Iglesias

Javier Iglesias, Jesús María Ortiz, sus abogados y cargos políticos de la Diputación, a su entrada al juzgado el 16 de octubre de 2013.

Un 30 de septiembre de 2013 la justicia admitió a trámite la querella del PSOE en la que se acusa al presidente de la Diputación y un diputado de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La actualidad política salmantina ha discurrido durante décadas con normalidad: no se han producido ni grandes cambios, ni escándalos notorios, en buena parte, por la escasa alternancia en el poder que no ha propiciado ocasiones para revisar a fondo la actuación de los cargos de turno. Pero eso cambió de manera casi radical hace ahora justo hoy dos años. Aquel 30 de septiembre de 2013 una noticia supuso un antes y un después en una política aparentemente inmaculada.

 

Justo ese 30 de septiembre el juzgado número uno de Salamanca admitía a trámite una querella presentada por el grupo del PSOE en la Diputación. Los señalados, el presidente de la Diputación de Salamanca (y presidente provincial del PP), Javier Iglesias, y el entonces diputado de Ferias, Jesús María Ortiz. Ambos están acusados de presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El motivo, haber utilizado su posición política para imponer la contratación en IFESA de personas vinculadas al PP, lo que obligó a despedir de manera improcedente a trabajadores habituales. Los motivos están explicados aquí.

 

El hecho sin precedentes se convierte en uno de los primeros casos de presunta corrupción política que se juzga en Salamanca, y que todavía a día de hoy está a la espera de una decisión. Al admitirse la querella, Iglesias y Ortiz se ven obligados a pasar por el juzgado y declarar a requerimiento del juez como parte de las diligencias previas. Lo hacen el día 16 de octubre de 2013. Ambos hacen el paseíllo desde La Salina juntos, acompañados por el vicepresidente Carlos García Sierra (que después también se ha convertido en imputado por otro caso) y con asistencia letrada. Están hora y cuarto en el juzgado y no hablan ni a su entrada ni a su salida. El secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sí lo hace: aseguró sentirse "tranquilo" y "orgulloso" de Iglesias.

 

Sus explicaciones, no obstante, no fueron suficientes porque el juzgado les vuelve a citar más de un año después, el día 9 de enero de 2015. El escenario cambia. Iglesias y Ortiz acuden por separado y con abogados distintos, uno nuevo para Ortiz y los que defendieron a ambos 15 meses atrás para Iglesias. El motivo, la incompatibilidad de los argumentos de defensa del presidente y su diputado: los argumentos que pueden salvar a uno pueden ser la condena del otro.

 

Fue uno de los últimos actos que ha trascendido de esta causa, que dos años después de ponerse en marcha sigue sin estar cerrada en ningún sentido. El juez mantiene la condición a ambos políticos, que no están desimputados, y en esta situación ambos se presentaron a las últimas elecciones. También han declarado otros testigos y la fase de diligencias parece cerrada, pero el juzgado número uno no ha comunicado a ninguna de las partes su decisión.

 

Las alternativas se resumen en dos: archivar el caso o abrir juicio oral, aunque también cabe seguir con las diligencias (pedir más pruebas, más declaraciones...). Lo primero supondría dar carpetazo a casi dos años de instrucción y desestimar las acusaciones. Lo segundo, la apertura de juicio oral, cambiaría la condición de Iglesias de imputado a acusado formalmente de los delitos que se le achacan. Esto le obligaría a dejar sus responsabilidades políticas y abriría una importante crisis institucional y en su partido. Pero ante todo se convertiría en el primer caso certificado de corrupción política en Salamanca.

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