Cabero denuncia que los recortes en educación reducirán "la actividad económica en Salamanca"

Además han criticado la eliminación de la Oficina de Información de la Vivienda por parte de la Junta

Enrique Cabero ha anunciado esta mañana las cuatro mociones que se presentarán mañana en el pleno municipal, dos de ellas de manera conjunta con el Grupo Popular -sobre desfibriladores y la tasa de eliminación de residuos-.

Las otras dos denuncian, en primer lugar, la repercusión de los recortes en materia de educación en Salamanca y, en segundo lugar, la suspensión de la Renta Básica de Emancipación.

En cuanto a los recortes en materia educativa, Enrique Cabero -portavoz del Grupo Municipal Socialista- ha denunciado que el decreto ley del Gobierno de España "incide especialmente en la reducción de plantillas, en el aumento de los precios de matrículas por lo que disminuirá el número de estudiantes y la reducción de inversiones para medios, investigación y desarrollo, algo muy duro para una ciudad universitagria por excelencia como Salamanca", ha dicho.

Lo más grave para Cabero es que "estos recortes van a reducir la actividad económica y empresarial en Salamanca" por lo que el decreto ley "deber ser derogado, que el Congreso no lo convalide o que la Junta haga lo posible para reducir lo máximo posible los perjuicios en materia educativa para Salamanca", ha señalado.

Renta Básica de Emancipación de Jóvenes

Por su parte, José Luis Mateos -concejal socialista- ha lamentado la suspensión de la Renta Básica de Emancipación de Jóvenes que puso en marcha el PSOE en enero de 2008 y que ha prestado servicio a "más de 30.000 perceptores en Castilla y León y a más de 5.000 salmantinos", como ha reconocido el salmantino.

"Esta renta buscaba reducir el esfuerzo que supone la emancipación de los jóvenes. Era un complemento de renta y fomentaba la salida de viviendas vacías para el alquiler, además de ayudar a fijar la población. Su eliminación es injusta", reconoce Mateos.

Al respecto, Mateos ha denunciado también que la Junta ha eliminado la Oficina de Información de la Vivienda "dentro de los recortes que están llevando a cabo", ya que aunque las ayudas eran sufragadas por el Gobierno central, es el organismo autonómico el que estaba encargado de su gestión.