Borrego viajó a Turquía con dos de las empresas investigadas para ver maquinaria

El exdirector de área de Fomento de la Diputación, Manuel Borrego, en el centro saliendo del Juzgado de Guardia.

La resolución de archivo de la primera querella de la 'trama Diputación' deja zonas en sombra sobre la gestión en Fomento. Confirma que el jefe del área viajó con dos empresas beneficiadas a Turquía, que los negociados sin publicidad funcionaban irregularmente y atribuye a García Sierra un papel poco creíble: firmar y poco más.

La decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca de archivar una de las querellas de la 'trama Diputación' no aleja, no obstante, la sombra de la sospecha sobre algunas actuaciones. Porque en su auto de archivo, el juzgado constata la certeza de cuestiones que no dejan en buen lugar los métodos de contratación en Fomento y en la propia Diputación, por más que no se pueda probar que se hayan producido delitos penales o contra la administración.

 

El más llamativo, el viaje que hizo a Turquía el director del área de Fomento con dos responsables de dos de las empresas que habitualmente se llevaban obras de la Diputación y que también han estado investigadas en este caso. La acusación del PSOE aseguraba que el Borrego y las empresas tenían una relación personal porque hay comidas y cenas pagadas por la Diputación. Uno de los testigos, Germán Berrocal, el otro funcionario apartado por la Diputación, reconoció que viajó con Borrego y los representantes de Alquileres Salamanca, SL y Autopalas, SL a Turquía en mayo de 2012 para ver cómo se fabrican unas máquinas excavadoras.

 

 

NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

 

Además, se han podido conocer algunos detalles del uso de los procedimientos negociados sin publicidad, contratos opacos en los que se invita a una serie de empresas a concurrir, sin que se sepa los criterios por los que se elige a unas u otras. Para el juzgado, su uso habitual en la Diputación hace que esté fuera de toda sospecha. 

 

Según el auto, "la forma de operar en los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado, ofreciendo la contratación a tres empresas de las que dos no llegaban a realizar ninguna oferta parece claro que infringe la finalidad legal de tales invitaciones. Si de lo que se trata con las mismas es de que haya una competencia entre ellas y que alguna realice una oferta mejor, es evidente que esta práctica impedía tal objetivo". Sin embargo, y aunque el uso de este tipo de contratación fue incorrecto, no se puede probar que estuviera pactado entre el jefe de Fomento y las empresas. Según la resolución, "esa forma de operar en las invitaciones a la contratación, aunque no era la más adecuada para la finalidad última de la norma, no puede considerarse constitutiva de una infracción penal".

 

El PSOE denunció el uso indisriminado de un tipo de contratos limitado a 60.000 euros en contrataciones sospechosamente próximas a esa cuantía. En la época juzgada se invitaba a tres empresas a hacer ofertas en este tipo de contratación. En la instrucción se ha comprobado que de forma reiterada, de las tres empresas a las que se ofertaba el contrato, dos de ellas retiraban de la puja y que se repetía la adjudicación a las mismas empresas.

 

Altos funcionarios han declarado en la investigación que los contratos negociados sin publicidad se hacían cuando se agotaba la disponibilidad de los contratos abiertos y, al acabarse también éstos, se acudía al contrato menor. Los trámites legales para efectuar estos contratos se hacían en cada caso por razones prácticas, de eficiencia y de disponibilidad de fondos: es decir, que si era más práctico, más rápido y no había grandes fondos, se recurría a este tipo de contratación.

 

 

GARCÍA SIERRA: FIRMAR Y POCO MÁS

 

Por otro lado, se describe un panorama en el que todo un diputado de Fomento tiene un papel secundario en los procesos de contratación, algo difícil de creer. Se justifica el archivo de la causa en que Carlos García Sierra, como vicepresidente de la Diputación y diputado de Fomento,  tenía una intervención limitada en la contratación del área a aspectos de trámite, supeditada a los informes técnicos, y fiscalizada en todo momento. Esto es clave en la resolución del juzgado porque se considera que "el delito de prevaricación administrativa no admite su comisión por imprudencia por lo que, dado que el investigado se limitaba a firmar las resoluciones que le derivaban los técnicos, sin adoptar ninguna decisión particular en ellas, no puede estimarse que exista tal infracción penal aunque la decisión no se hubiera ajustado estrictamente a la legalidad".

 

En cuanto a su intervención en los contratos de adjudicación directa, su función consistía en firmar las facturas conformadas por los técnicos y posteriormente el decreto de pago, asegura el auto. Además, se asegura que en los contratos declarados de urgencia, esta definición venía avalada por los informes técnicos sobre el estado de las carreteras. En cuanto a su intervención en los contratos de adjudicación directa, su función consistía en firmar las facturas conformadas por los técnicos y posteriormente el decreto de pago. Para fundamentar el auto, se apela a las declaraciones hechas en estos sentidos por tres funcionarios de libre desginación.