Ayuntamiento y Diputación de Salamanca incrementan su deuda un 15% y un 6,5%, respectivamente, entre 2008 y 2011

No obstante, entre 2010 y 2011, el consistorio redujo en cinco millones esta cifra y La Salina hizo lo propio en seis.

El endeudamiento de las entidades locales en la provincia de Salamanca y en el conjunto del país se ha convertido en la tónica habitual ya que en el pasado año 2011 ningún ayuntamiento de las 52 provincias de España tenía deuda cero y tan solo el consejo insular de Ibiza presentaba un balance de cuentas igualadas.

 

Así, los ayuntamientos de las capitales de provincia y las diputaciones provinciales u otras instituciones similares presentan impagos a los bancos y a diferentes proveedores, acumulando deudas millonarias que en el caso de Salamanca se ha visto incrementada en el periodo 2008-2011, según datos publicados por el ministerio de Hacienda.

 

Por ello, el ayuntamiento de la capital salmantina cuenta con una deuda de 178 millones a 31 de diciembre de 2011, un 15% más que en el año 2008 cuando la cifra era de 152 millones, por los 170 millones de euros de 2009 y los 183 del ejercicio 2010. En el ámbito comunitario, el ayuntamiento de Salamanca ocupa la cuarta posición en mayor cifra de deuda viva, siendo Valladolid la primera en el ránking.

 

Además, y según confirmó el propio portavoz del consistorio, Fernando Rodríguez, la deuda se ha reducido en 11 millones en lo que va de año a la espera del cierre de las cuentas a fecha de 31 de diciembre.

 

En el caso de la Diputación, su deuda se mantiene en niveles inferiores a la del Ayuntamiento y ha aumentado un 6,5% entre 2008 y 2011, pasando de 61,1 a los 65,3 millones de euros a 31 de diciembre del pasado año y con una reducción de esta deuda de seis millones entre 2010 y 2011, con previsiones de mayor reducción a falta de confirmación.

 

La institución provincial se coloca en el tercer puesto con mayor deuda de las diputaciones de la Comunidad, siendo León, la primera en el ránking de endeudamiento.

 

Ley de pago a proveedores municipales

 

Por otro lado, y al hilo de este tema, no hay que olvidar que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio la ley de pago a proveedores, de modo que gran número de entidades financieras, con la colaboración del Instituto de Crédito Oficial (ICO), garantizaron un crédito sindicato por valor de 35.000 millones de euros que las haciendas locales deberán devolver en un plazo máximo de diez años, con dos ejercicios de carencia al 5% de interés.

 

El Estado avalará a los ayuntamientos que, para poder acogerse a la medida, deberán presentar una relación de facturas pendientes de pago y un plan de saneamiento en el que se recojan las medidas para recuperar la estabilidad financiera. En caso de incumplirlo, el Gobierno podrá retener las transferencias correspondientes.