Ayuntamiento, Diputación y PP salmantino acaban el año bajo los focos de la corrupción

Las irregularidades en los contratos de obras de la Diputación y los 'papeles' de la financiación ilegal del PP salpican a Fernández Mañueco y a Javier Iglesias, y a sus dos hombres de confianza. Pagos en 'b', un libro plagiado o el 'olvido' de Chabela de la Torre con una empresa de asesoría, otros escándalos.

Pocas veces los escándalos han tocado tan de cerca a las dos grandes instituciones de la provincia, la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca. Pero los hechos han demostrado en los últimos meses que no son tan ajenas como parecía a la marea de casos de corrupción. El resultado, que presidente y alcalde, a su vez altos cargos del PP, y los dos cargos públicos que son 'mano derecha' de Fernández Mañueco y Javier Iglesias acaban 2014 bajo los focos de la sospecha por dos casos que pueden desmontar las listas 'populares' para las próximas elecciones.

 

Los hechos se precipitaron el 21 de noviembre. En una rueda de prensa a una hora poco habitual el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anuncia que ha puesto en manos de la Fiscalía provincial una serie de contratos del área de Fomento de los que se sospecha se han adjudicado irregularmente. En total, el fraude puede elevarse por encima de los 12 millones de euros. El motivo de semejante rapto de transparencia es que el PSOE había acabado unos días antes una larga investigación en la que se pone bajo sospecha toda la política de adjudicaciones de la Diputación, y que estaba a punto de destapar todos los datos. De ahí la precipitada convocatoria, un viernes por la tarde.

 

La Diputación se limita a llevar unos pocos contratos y un dossier con la investigación, pero no ofrece documentos ni tampoco el texto de la denuncia ante la Fiscalía. También aparta a dos funcionarios, el director del área de Fomento y el responsable de vialidad (carreteras), pero no les expedienta: se les destina a otros puestos, pero con el mismo sueldo. Un modo de obrar que apunta al deseo oculto de que los documentos no sirvan para revelar delitos y que la Fiscalía archive el caso, dándolo por cerrado a ojos de la sociedad con el diagnóstico de ausencia de corrupción. La destrucción de documentos que se produjo durante esos días, confirmada después, que afectó a expedientes de contratación; y la negativa a facilitar contratos y el texto enviado a Fiscalía rematan el panorama. El caso tendrá un amplio recorrido en la justicia: hay que ver qué dice la Fiscalía y resolver la denuncia y dos querellas que ha presentado el PSOE.

 

 

VINCULADO A FERNÁNDEZ MAÑUECO

 

Uno de los funcionarios apartados es Manuel Borrego, uno de los hombres con más poder en la Diputación de Salamanca desde que llegó a ella. Funcionario de carrera, accedió a la institución provincial con Alfonso Fernández Mañueco de presidente y también fue promocionado cuando el actual alcalde presidía La Salina. La vinculación personal entre ambos ha sido confirmada por el propio alcalde, pero no faltan pruebas: celebraron juntos el ascenso de la UDS en Mendizorroza. Su acceso al puesto se produjo en extrañas circunstancias: un concurso convocado de manera precipitada, con solo unos días para presentarse, y un temario lejos de lo convencional centrado en Seguridad Social... tiempo después se supo que llevaba años preparando oposiciones a ese organismo.

 

Pronto se conocen algunas situaciones que apuntan a presuntos tratos de favor. El más evidente, el cerramiento ilegal de la terraza de su ático en Pozo Amarillo, una situación por la que el Ayuntamiento de Salamanca suele multar de manera contundente, pero que requiere de una denuncia vecinal o de una inspección de la Policía Local que no se produce. Fernández Mañueco se ve obligado a comprometer una actuación ante la denuncia de TRIBUNA, pero nada se sabe de ello. Sus explicaciones también resultan incompletas: alude a situaciones en las que el cerramiento sería legal cuando la norma lo prohíbe explícitamente.

 

 

FINANCIACIÓN ILEGAL

 

Todavía no repuestos de la trama de contratos irregulares de la Diputación, explotó el caso de los 'papeles' de Salamanca. El diario 'El País' publicaba un documento con anotaciones manuscritas en las que se revelaban aportaciones económicas por parte de empresas para sufragar la campaña electoral del PP salmantino en 1999; el documento, autógrafo y reconocido por su autor, Fernando Rodríguez, incluye anotaciones de pagos hechos en 'a' y en 'b' que multiplicaban el presupuesto total de los 'populares' para aquella campaña: de los seis millones de pesetas oficiales a una cifra por encima de los 27 millones de pesetas.

 

Las aportaciones anotadas se atribuyen a empresas como Grupo Curto, Eulen, Gecocsa y Seragua, todas concesionarias de contratos de servicios públicos o contratistas de obras del Ayuntamiento de Salamanca. También hay otras anotaciones como 'limpieza Dipu', que apunta a alguna empresa que llevara a cabo estos servicios en la institución provincial y a la que también se le atribuyen importantes aportaciones económicas.

 

El autor de las anotaciones, Fernando Rodríguez, no negó la veracidad del documento y explicó a el diario 'El País' que se podía tratar de aportaciones que hacían empresas, según él, por entonces permitidas; sin embargo, en 1999, año al que pertenecen las anotaciones, ya estaba prohibido que empresas que tuvieran contratos con la administración pudieran hacer donaciones a partidos políticos (más adelante se regularon las donaciones anónimas).

 

Rodríguez era por entonces ya portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Salamanca y había sido nombrado responsable de acción electoral del PP para aquella campaña, con lo que tenía autoridad para decidir el presupuesto. Por encima de él estaba también entonces Alfonso Fernández Mañueco, secretario provincial del PP en aquella campaña. El ahora alcalde también era concejal en la capital y presidente de la Diputación, también señalada en los 'papeles' de la financiación ilegal. A pesar de ello, Fernández Mañueco solo ha dicho una cosa: que personalmente no tiene nada que ver y que nada sabe.

 

El caso también puede tener un amplio recorrido. El PSOE ha acudido a la Fiscalía con el documento y denuncia la situación; y los numerosos casos de financiación ilegal y corrupción dentro del PP convierten los 'papeles' de Salamanca en una pieza más de un puzzle en el que también están Bárcenas y Gürtel. El juez Ruz, además, considera que los cargos orgánicos de los partidos, caso de los secretarios generales y provinciales, tienen responsabilidad al omitir su obligación de vigilar y conocer la gestión económica.

 

Esta no es la única sospecha que se ha despertado este año sobre la financiación del PP. Un exmilitante hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que ponía de manifiesto que los populares salmantinos pagaron en dinero 'negro' algunas de las contraprestaciones a sus colaboradores en la última campaña de las municipales. Un dato que habrá engrosado la lista de argumentos de la fiscalía en la lucha contra la financiación irregular.

 

 

LA 'EAFI' DE CHABELA DE LA TORRE

 

Pero esto no ha sido todo Antes, en marzo, quedó en evidencia que las medidas de transparencia implantadas en la Diputación de Salamanca no cumplen con su cometido. Al menos, no en tiempo y forma. Un caso, el de Chabela de la Torre, puso de manifiesto que el compromiso de publicar los bienes, intereses e ingresos de los diputados provinciales es, casi, cosmética. Entonces se supo que la diputada de Hacienda y concejala del Ayuntamiento de Santa Marta había ocultado que participaba en una empresa de asesoramiento financiero.

 

 

La diputada, una de las integrantes del núcleo duro del equipo de Javier Iglesias en la Diputación, no declaró que tenía el 20% de de la empresa de asesoramiento financiero (EAFI) denominada ‘Ecomt Eafi S.L.’, que compartía con otros 2 socios, Eduardo Carabias García y Óscar Carabias Huete. Un 'olvido' que se produjo por dos veces: en mayo de 2013, cuando se registró por primera vez la declaración de bienes e intereses de los diputados provinciales, y en septiembre de ese año, cuando hizo una actualización en la que cambió datos de su vivienda y de nuevo dejó fuera su participación en la empresa.

 

Lo más grave, que De la Torre constituyó la sociedad el 8 de julio de 2011, solo una semana después de tomar posesión de su cargo en la Diputación. La actividad de la empresa, dedicada al asesoramiento financiero de empresas, tiene una difícil compatibilidad con sus responsabilidades en la Diputación, donde es diputada de Hacienda y tiene acceso a datos sensibles de índole económica.

 

La diputada no decide salir de la sociedad hasta que TRIBUNA publica la información. Es entonces cuando inicia los trámites, que su empresa no había comunicado a la CNMV. De la Torre, que tiene que dar explicaciones públicas en la Diputación y en el pleno del Ayuntamiento de Santa Marta (donde tampoco declaró esta situación), reconoce incluso dejadez en el papeleo para hacer efectiva su salida.

 

 

NOMBRAMIENTOS BAJO SOSPECHA: IRREGULARES Y A DEDO

 

La Diputación de Salamanca ha tenido que enfrentarse a una sentencia contraria a sus intereses que anuló los nombramientos de varios cargos clave, personal de confianza. En abril se supo que el Tribunal Superior de Justicia había anulado de forma definitiva los nombramientos del adjunto al interventor, el tesorero general y un cargo de gestión económica, todos de libre designación, una situación que deja en evidencia la política de nombramientos de la Diputación: un tercio de su plantilla está cubierta en libres designaciones y vacantes, designaciones 'a dedo'.

 

El equipo de Javier Iglesias tuvo que reconocer la situación y todavía hoy está buscando una salida. No podrá destituir y volver a nombrar a las mismas personas en el mismo cargo: ya lo hizo, lo que le valió una reprimenda del TSJCyL: consideraba una burla la manera de la Diputación de ejecutar la sentencia.

 

 

UN PLAGIO RETIRADO DE LAS ESTANTERÍAS

 

Este año que nos deja empezó en materia de escándalos con otro caso que salpicaba a la Diputación de Salamanca. El grupo socialista denunció a principios de enero que el Instituto de las Identidades había publicado un libro sobre mitos y leyendas de la provincia que contenía numerosos plagios flagrantes de otros volúmenes. El libro copia nueve de los once capítulos de un conocido libro sobre leyendas bejaranas y algunos textos de un libro sobre la materia de finales del siglo XIX. A pesar de ello, el autor no incluye citas y alude que su conocimiento se debe a fuentes orales.

 

El caso estalló en la comisión de Cultura y obligó a un informe por parte del director del Instituto de las Identidades, el organismo tutelado por la Diputación que se ocupa de la conservación de la cultura provincial. Finalmente, se decidió retirar el volumen ante el claro caso de plagio.