Avemur acude al juzgado para conseguir el cierre del hotel Corona-Sol

La asociación de afectados por la construcción del hotel ha pedido la ejecución de sentencia, lo que obliga al Ayuntamiento a informar qué medidas ha tomado para hacer valer la anulación de licencias.

La asociación que representa a los vecinos afectados por el desaguisado urbanístico del hotel Corona-Sol ha decidido tomar cartas en el asunto y dejar de esperar a que el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, arregle una situación en la que consideran que no ha hecho otra cosa que mirar por el promotor del hotel. Por eso, este viernes han remitido al juzgado una petición para que se ejecute la sentencia por la que se anuló la licencia de cambio de uso, de edificio residencial a hotel, una de las vías utilizadas por el equipo de Gobierno para dar cobertura legal al edificio.

 

Avemur se basa en que el pasado noviembre de 2015 la justicia anuló la licencia de obras y cambio de uso concedidos por un decreto del entonces quinto teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, a Palco 3. Esta fue una medida que se tomó ante las denuncias contra el exceso de edificación y otras irregularidades que llevaron a la situación actual, entre otras, la anulación de modificaciones urbanísticas a medida del hotel. El cambio de licencia no fue aprobado con un informe respaldado por técnicos.

 

Con este paso, la petición de ejecución de sentencia, el Ayuntamiento de Salamanca deberá adoptar las medidas precisas que requiera la ejecución de este fallo e informar a la justicia, sin perjuicio de llevarla de inmediato a puro y debido efecto de inmediato suspendiendo cautelarmente la actividad desarrollada en el edificio so pena de los apercibimientos legales oportunos.

 

 

DURAS CRÍTICAS

 

En una nota, los responsables de Avemur han cargado duramente contra el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento. "Como el consistorio del PP, manteniéndose fiel a sus principios y valores inquebrantables de 'corrupción y favoritismo a sus amigos', se ha saltado a la torera como siempre su obligación de cumplir la ley y velar por la ciudad y los ciudadanos, no cumpliendo la sentencia que anulaba la licencia y le obligaba a ejecutarla en un plazo de diez días paralizando toda actividad, nos hemos visto obligados a esperar dos meses más (el viernes hizo justo los dos meses desde que fue notificado el Ayuntamiento de la sentencia firme y su obligación para ejecutarla en un plazo de diez días) con el edificio mientras dañando la salud y la vida de los vecinos (que está claro que la vida de la gente les importa un bledo) hasta que por fin hemos podido exigir en el juzgado la ejecución de la sentencia y la paralización cautelar", explican.

 

"Ahora falta por ver si el juez de turno se alineará con los valores tan "rectos y nobles" del PP o si defenderá a los ciudadanos. Si fuera el fiscal ya sabríamos con quién se iba a alinear (por cinco veces nos lo ha demostrado, igualito que Valencia en sus buenas etapas del PP)", dicen.

 

"También falta por ver si los técnicos y el PP serán capaces de hacer los informes y dar una nueva licencia sabiendo que es doblemente ilegal, por la tramitación del PGOU y por la nulidad del ED que ambos impiden que se conceda ninguna licencia de ningún tipo hasta que se resuelvan dichas situaciones, si quieren jugársela a una demanda por prevaricación", añaden.

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