Asaja Salamanca pide a la Junta un control de las manadas de lobo para evitar más ataques

La Organización Profesional Agraria salmantina ha enviado sus alegaciones al borrador de la Modificación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

ASAJA Salamanca ha solicitado a la Junta de Castilla y León, ante el aumento considerable de la población y de superficie en la que habita, un control más exhaustivo por parte de la administración que permita disminuir el número de manadas de lobos que hay al sur del Duero y que están causando cuantiosos daños a los ganaderos.

 

La Organización Profesional Agraria salmantina ha enviado sus alegaciones al borrador de la Modificación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. El propio texto enviado por la Junta de Castilla y León confirma el aumento del censo de lobos al sur del Duero, así como el incremento del área en la que está presente en un 34% aproximadamente. La Administración regional considera que, pese a ese incremento de cabaña y superficie, los ataques se han estabilizado.

 

Sin embargo, desde ASAJA Salamanca se alega que lo que falla es el mecanismo de indemnización y reconocimiento de daños, motivo por el que los ganaderos han dejado de denunciar los ataques por los complejos trámites que exige dicha denuncia. Además, no suelen conseguir una  indemnización justa.

 

Por ese motivo, solicitamos que se reduzcan considerablemente los trámites necesarios para compensar los daños, se busque una manera efectiva y práctica que verdaderamente reduzca el coste al ganadero, tanto en lo que respecta a las muertes, animales dañados y lucro cesante tras un ataque de los lobos.

 

En ese sentido, "pedimos que no sea necesaria la contratación de un seguro para el cobro de las indemnizaciones por los daños causados por el lobo".

 

Por otra parte, ASAJA Salamanca solicita que los daños ocasionados por perros asilvestrados también sean considerados a efectos de indemnización como responsabilidad patrimonial.

 

Finalmente, reclama a la Junta de Castilla y León que asigne un presupuesto determinado para cada actuación, con el fin de solucionar de solucionar el problema con las explotaciones ganaderas que sufren ataques y otorgar al ganadero garantías reales para la compensación de daños.