Aprobada la Ley de Medidas que incluye el 'céntimo sanitario' y el incremento de jornada para funcionarios

El PP da luz verde en solitario a la normativa con dos enmiendas transaccionadas y ninguna de PSOE y Grupo Mixto

Las Cortes de Castilla y León, con los únicos votos a favor del PP, ha aprobado este martes la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', y establece un incremento de 2,5 horas sobre la jornada laboral de los funcionarios.

La normativa no ha contado con el respaldo del PSOE y Grupo Mixto que, además, no han logrado introducir alguna de las 160 enmiendas que llegaron 'vivas' para su debate en la sesión plenaria.

De este modo, la normativa de establece finalmente el denominado 'céntimo sanitario' que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá, según la Junta, ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.

En este caso, la normativa establece la devolución de la mitad del gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos correspondiente al gasóleo de uso profesional --24 euros por cada 1.000 litros-- con el objetivo de reducir el "impacto" del impuesto en el sector del transporte, una reducción que afectará a los vehículos de transporte de mercancías por carreteras, de pasajeros y los taxis.

La Ley aprobada en solitario por el PP establece también el incremento de 2,5 horas en la jornada laboral de los empleados públicos, aunque finalmente, tras negociaciones en la Mesa de la Función Pública, se ha logrado establecer la "excepcionalidad" de la aplicación este aumento con el fin de que se vuelva a las 35 horas actuales cuando la situación económica mejore, es decir, cuando el PIB registre un incremento superior al 2,5 por ciento.

Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, y cuya recaudación --unos 39 millones de euros-- se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Tributos propios
La normativa establece además que Castilla y León desarrolle por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental.

El primero es la denominada 'ecotasa', que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.

El otro nuevo impuesto gravará la eliminación de residuos de vertederos en por del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales, cuya recaudación se destinará a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

Otras cuestiones
La ley incluye además una modificación de la ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes con el fin de permitir que en las localidades de más de 1.000 habitantes regulen la distancia para la ubicación de establecimientos hosteleros sin necesidad de aplicar la limitación de 25 metros existente hasta el momento.

Demás, se cambiará la Ley del ruido para que los establecimientos hosteleros puedan ampliarse hasta un 25 por ciento sin necesidad de solicitar una nueva licencia ambiental, y, por último, se remodelará la Ley de Prevención Ambiental para reducir a la mitad el plazo de la tramitación de las licencias ambientales.

En cuanto a la reducción del número de entes administrativos la Ley incluye la autorización de la extinción de la empresa pública Sotur para formalizar la cesión global de activos y pasivos a la Fundación Siglo, que subrogará todos sus derechos y obligaciones.