Ampliada la denuncia contra el alcalde por presunta prevaricación

Enfrentados. El arquitecto municipal se defiende de las acusaciones vertidas por el primer edil en distintos medios mientras Santiago Martín afirma que él también emprenderá acciones legales
Lorena Lago

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo ha decidido ampliar la denuncia contra el alcalde de La Alberca, Santiago Martín, por un presunto delito de prevaricación. Tal y como se indica en el procedimiento abierto, “hoy por hoy es preciso continuar la instrucción de la causa y ampliar la denuncia sobre un presunto delito sobre negociación y actividad prohibida a funcionario público, respecto al presunto delito de tráfico de influencias pues no existe indicio alguno de criminalidad por parte del imputado’.

Así pues continúan las diligencias que se derivan de la denuncia presentada por el arquitecto municipal, José Javier López, contra el alcalde de La Alberca y el teniente de alcalde por prevaricación.

A juicio de López, “tanto el alcalde como el teniente alcalde han enmascarado mi despido inventándose unas incompetencias que no son tales y que dicen que valen 200.000 euros. Es muy grave que un alcalde falte a la verdad de forma evidente y lo haga sin pruebas pues sus acusaciones me han provocado un perjuicio personal, laboral y patrimonial, motivo por el que he empren-dido estas acciones legales”.

El arquitecto municipal ofreció los documentos que considera acreditan su inocencia y que “desmienten las imputaciones que el alcalde me achaca”. El despido, según consta en la documentación aportada por él, indica que se debe a “dos faltas graves: la redacción del proyecto del centro de recepción de visitantes y la ampliación del centro para personas mayores”. Sobre el proyecto del centro de recepción de visitantes, apuntó que “las obras se iniciaron sin la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, es decir, que el Ayuntamiento no remitió el proyecto hasta pasado más de un año, incumpliendo las obligaciones fijadas en la ley. De esta manera, el revestimiento fue instalado sin autorización de la Comisión, aunque tan pronto como tuve conocimiento de los informes de la comisión, redacté las modificaciones sin coste adicional alguno, cumpliendo con mis funciones”.

En cuanto a la ampliación del centro para personas mayores, López indicó que “el proyecto recibió la valoración favorable de la Comisión de Patrimonio porque la ampliación propuesta cumple los criterios exigidos por la propia Comisión y se ajusta a lo establecido por ley. Así, el proyecto redactado incluía los servicios comunes y las dependencias necesarias para prestar una atención completa a los 55 residentes y con capacidad para incluir el mobiliario, vestuarios, baños y sala de visitas”. “El alcalde, prosigue López, pretendió imputarme la paralización de las obras del Centro de Mayores, pero esa paralización se debió a un impago a la empresa constructora”. “Asimismo –continuó el arquitecto– la primera fase no está en funcionamiento porque la entidad municipal no ha tramitado expediente alguno de autorización, según detalla el informe de la Gerencia de Servicios Sociales”.

José Javier López cerró su intervención aportando pruebas acerca de otro proyecto al que también se achacaron errores, el de la guardería. “El alcalde, en su condición de promotor, incumple su obligación de facilitarme la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, entre otros el estudio geotécnico, y como no cumple con su obligación como alcalde, yo incluyo esa partida en su proyecto y el estudio geotécnico se realiza antes del inicio de las obras. Posteriormente se adoptaron los resultados y conclusiones del mismo, y yo redacté el proyecto modificado sin ningún sobrecoste de honorarios, porque los trabajos no habían comenzado”.

El arquitecto municipal pide, por estos hechos, “la readmisión en su puesto”.