"Alguien ha dado su conformidad para poner las cámaras y dos años después no están en uso"

El portavoz del PSOE, José Luis Mateos, y el concejal socialista Arturo Ferreras.

El portavoz del PSOE municipal, José Luis Mateos, califica de "uso indebido de fondos públicos" el gasto en las cámaras de control de tráfico y considera que responsables políticos del anterior gobierno del PP deben dar cuenta sobre el despilfarro.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha calificado como "claro ejemplo de despilfarro y gasto supérfluo de recursos públicos" la decisión que tomó el equipo de Gobierno hace casi dos años de comprar 21 cámaras y gastar 228.690 euros para un sistema de control de vehículos a la entrada de calles peatonales que, hoy por hoy, no funciona. Mateos ha confirmado que están inutilizadas y que no están haciendo la función para la que se compraron, por lo que pide explicaciones al equipo de Gobierno.

 

"Esto es un uso indebido de fondos públicos porque han transcurrido dos años y no se han usado para lo que se pensaron", ha asegurado el portavoz del PSOE. Por este motivo, considera que "ha habido algún responsables del Ayuntamiento que ha dado su conformidad a la instalación de las cámaras cuando ahora no están en uso", ya que se instalaron en verano de 2014 pero no se ha anunciado su entrada en servicio. "Si es así, alguien debería dar cuenta por la irresponsabilidad de haber usado dinero de los ciudadanos para esto", ha dicho.

 

Mateos ha puesto el acento en el proceso seguido. "Si no funcionan, y no lo hacen para lo que fueron compradas, no se pueden recepcionar; si no se puede recepcionar, no se pueden pagar", ha dicho; según fuentes consultadas, la factura está pagada a pesar de que el sistema no ha arrancado a funcionar.

 

Mateos ha puesto en duda también el sentido de esta decisión, ya que "si han pasado dos años, estamos sin cámaras y no ha ocurrido nada, ¿para qué iban a servir?". El PSOE ya puso en su día en duda la utilidad del sistema y su necesidad, que consideraban injustificada, y el tiempo les ha dado la razón. "Si tenían una función disuasoria, nos hubiera costado mucho menos ponerlas de cartón piedra", ha dicho.

 

En su opinión, el problema es que el Ayuntamiento primero compró las cámaras y luego se preocupó de cómo se iba a poner en marcha el sistema de control de acceso. "No te gastas más de 200.000 euros en algo que no sabes cómo vas a usar", ha dicho. En este sentido, se trabajó en un listado de vecinos, negocios y hoteles, pero Mateos ha confirmado que no se hizo de manera exhaustiva y que no se ha pedido a todos los residentes que proporcionen matrículas de sus vehículos para hacer el listado de autorizados.