Alcalde de Íscar y otros cuatro acusados defienden que la actuación para dar licencia a una nave fue la habitual

Las defensas piden la absolución por delitos de prevaricación por los que se pedían penas que suman 5 años de prisión y 37 de inhabilitación


VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Íscar (Valladolid), Alejandro García Sanz, así como otros cuatro acusados han defendido este lunes su actuación en el procedimiento que les llevó a otorgar una licencia de obra en febrero de 2006 para reconstruir una nave de una empresa que resultó dañada por un temporal de nieve y han negado que tuvieran intereses con este trámite.

Alejandro García se ha sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid junto al arquitecto municipal José Luis Pérez de Fruto; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar, y el secretario municipal, Fernando Rodil, acusado de delitos de prevaricación.

El Ministerio Fiscal, frente a la solicitud de absolución de la defensa, pide un año de prisión y ocho de inhabilitación para arquitecto y secretario municipales y uno de cárcel y siete de inhabilitación para cada uno de los tres miembros de la Corporación municipal por la aprobación de esta licencia que permitió la posterior construcción de una nave con un supuesto exceso de edificación y no acorde a la normativa urbanística.

Todos los acusados han defendido su actuación a la hora de conceder la licencia, que el arquitecto municipal ha justificado en la "urgencia" de la obra tras la nevada caída en el municipio, que provocó una situación "crítica", con una estructura de una nave en al que era "imprescindible" actuar por ser "altamente" y "tremendamente" peligroso cómo se encontraba.

Según su versión, informó verbalmente de la situación al secretario municipal para que se incluyera en una Junta de Gobierno que el Ayuntamiento celebraba ese mismo día para intentar actuar lo antes posible e incluso llegó a rellenar el formulario de solicitud de licencia de obra "menor", ya que se trataba de un desescombro y reconstrucción, ante el "nerviosismo" del propietario de la empresa y de la nave en cuestión. A posteriori, el día siguiente, hizo un informe escrito.

El secretario municipal ha explicado que tras el informe verbal del arquitecto se siguió el "procedimiento habitual" y se llevó a la Junta de Gobierno en la que se aprobó, sin que le llamara la atención el expediente, por lo que ha asegurado que todo fue "absolutamente normal", algo que ha avalado el anterior secretario municipal --que ocupó el puesto más de 30 años--, quien ha afirmado que hubiera actuado igual.

INFORME FAVORABLE

Por su parte, los tres miembros de la Corporación municipal, incluido el alcalde y diputado provincial, han coincidido en señalar que al no haber informe en contra de la concesión de licencia, ésta se aprobó en la Junta de Gobierno.

Alejandro García ha explicado que es alcalde desde 1987, nunca se ha aprobado una licencia en contra de los informes del secretario o arquitecto y se actuó conforme a la urgencia y al peligro que podía suponer no hacerlo, pero de la forma "habitual".

Entre los testigos que han declarado en la vista oral lo ha hecho un arquitecto que, en calidad de perito, ha puesto de manifiesto que la obra era menor, por lo que no se requería proyecto para la aprobación de su licencia.

Además ha incidido en que era legal porque se trató de una reconstrucción y no de una obra nueva, que sí hubiera ido en contra de las nuevas normas urbanísticas aprobadas cuando la nave ya existía y en las que se había cambiado la calificación del suelo a residencial periférico y en el lugar se proyectan dos calles.

Precisamente esta es una de las cuestiones que han servido a la defensa para pedir la absolución, ya que consideran que la obra, según la normativa, no exigía la presentación de un proyecto por ser "menor" y además no había informe contrario a ella, de manera que se actuó como ante cualquier otra solicitud. De la misma forma, las defensas han destacado el hecho de que no haya una intención de aprobar una resolución a sabiendas de que es injusta o haya un dolo con la misma.

Uno de los abogados ha incidido en que los miembros de la Corporación "dicen amén" a las solicitudes porque tienen la confianza puesta en sus técnicos y, si dicen que algo está bien, no tienen capacidad para dudar de ello, por lo que hay "ausencia total" de voluntariedad.

Frente a ello, el Ministerio Fiscal se basa en que no se hizo referencia alguna a la normativa urbanística y la posible ilegalidad de la obra y además se evitó declarar la ruina de la nave, lo que hubiera implicado una nueva licencia de obra que hubiera impedido levantar un edificio nuevo. Además, considera que si se hubiese tenido conocimiento del alcance de la obra no se podría haber reconstruido y cree que hay una "omisión total" de los requisitos para llevar a cabo el procedimiento.