Admitido el recurso de la Junta contra el copago hospitalario

La justicia admite la medida tomada a finales de diciembre por la sanidad regional, que no quiere que se cobren los medicamentos en hospitales a 8.000 pacientes crónicos.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado este jueves admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Junta de Castilla y León contra el denominado "copago hospitalario".

  

En concreto, se ha estimado el recurso interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León contra la resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario y resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaria General de Sanidad y Consumo, desestimatoria del requerimiento formulado frente a la primera.

  

Respecto de la medida cautelarísima solicitada por la parte demandante para la suspensión de la resolución de 10 de septiembre de 2013, la Sala no ha apreciado la especial urgencia que exige la Ley para su adopción, según la información de Rtvcyl recogida por Europa Press.

  

En ese sentido, el Tribunal ha acordado conforme a derecho no entrar a deliberar sobre dicha solicitud antes de que la Sala escuche a la parte demandada. Con posterioridad, la Sala abordará dicha solicitud.

 

 En el recurso se señalan las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre los territorios, dado que "no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea". Por ello, desde Castilla y León se trata de "impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente" del copago hospitalario, por lo que es "imprescindible" la inmediata adopción de la medida cautelar "evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación".

  

En el recurso se argumenta de forma exhaustiva que la aplicación de la citada resolución generará "distorsiones y desigualdades" en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente.

  

También se cuantifica el número de pacientes afectados en Castilla y León -8.453- y se estima el impacto máximo previsto de la implantación de la aportación en la dispensación ambulatoria en servicios de farmacia hospitalarios de Castilla y León en un máximo de 200.000 euros anuales, en torno al 0,07  por ciento del gasto farmacéutico hospitalario.

  

Se concluye así que suspender la aplicación de la Resolución " no va a provocar daño alguno, pues ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni puede considerarse que tenga una finalidad disuasoria, pues en todo caso hablamos de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos".

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