Admitida a trámite la querella contra la directiva del Colegio de Abogados por saltarse el secreto profesional

Fernando Dávila, decano Colegio de Abogados de Salamanca

La directiva en pleno con su presidente Fernando Dávila al frente tendrá que enfrentarse a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias, archivándose la de estafa procesal. El colegio supuestamente concedió a uno de sus miembros un permiso que luego se anuló.

Toda la directiva del Colegio de Abogados de Salamanca, que preside Fernando Dávila, tendrá que volver a pasar por los juzgados para hacer frente a un querella por permitir que uno de sus miembros se saltara el secreto profesional, lo que le dio ventaja ante un abogado rival, el denunciante. La querella, planteada el pasado mes de septiembre, ha sido admitida por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Querella a la que se une una segunda por haber publicado en la web documentos de la primera en la que se revelan datos personales.

 

Según ha confirmado el propio Dávila a TRIBUNA, se ha admitido a trámite parte de la querella y seguirá su camino en el juzgado número 1 para analizar los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se ha archivado la tercera acusación de la querella, un delito de estafa procesal, pero el denunciante lo ha recurrido para que no se desvirtúe el caso con lo que podría volver a sumarse.

 

En el fondo del asunto, un caso en el que presuntamente se ha favorecido a un miembro de la directiva, Eduardo Íscar, autorizándole para saltarse el secreto profesional, lo que le dio ventaja en el procedimiento judicial que le enfrentaba con otro abogado de alta en el colegio; este es, junto a su cliente, el denunciante. El hecho denunciado se remonta a 2014, cuando el denunciante defendía a un cliente ante un abogado que es miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados.

 

En las negociaciones previas, y siempre según el denunciante, el abogado rival utilizó una documentación que la otra parte le había proporcionado en el marco de las conversaciones previas para intentar evitar el juicio, pero que nunca debió haber usado ya en pleno pleito. El juicio se celebró y el denunciado usó este documento a su favor a pesar de que formaba parte del secreto profesional; la difusión de un documento en esos términos está absolutamente prohibida y es una de las primeras obligaciones de los colegiados. 

 

 

PERMISO EN TIEMPO RÉCORD

 

Para dar validez en el juicio a esa prueba ilícitamente conseguida, el abogado Íscar se valió según el querellante de su presencia en la junta directiva del Colegio de Abogados. Con su presidente Fernando Dávila al frente, la junta le otorgó una autorización para saltarse el secreto profesional, algo reservado solo para circunstancias excepcionales. Este permiso se tramitó en tiempo récord y en un procedimiento que considera inadecuado para una decisión tan grave como levantar un secreto profesional. La tramitación se hizo en dos días: el 21 de octubre de 2014 el abogado Eduardo Íscar solicitó la dispensa y el día 22 la Junta, sin estar el tema en el orden del día, fue aprobada por la cúpula que preside Fernando Dávila. La autorización se produjo sólo 14 días antes del juicio. 

 

 

ANULADA POR EL CONSEJO REGIONAL

 

Además, la concesión de esta autorización ha sido anulada por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. En resolución del 10 de marzo, el consejo regional declaró nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca en el que se concedía a Eduardo Íscar la autorización para violar el secreto profesional.

 

Por este motivo, la querella cita los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y estafa procesal, ya que el querellante considera que la junta directiva del Colegio de Abogados facilitó la dispensa de su obligación de guardar el secreto profesional para favorecer a uno de sus miembros en este juicio.