Absuelto el veterinario de la Junta acusado de estafar a un matrimonio ganadero de Traspinedo (Valladolid)

La Audiencia Provincial ha absuelto también a otro de los acusados y ha condenado al tercero a seis meses de cárcel
La Audiencia Provincial ha absuelto también a otro de los acusados y ha condenado al tercero a seis meses de cárcel

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de seis meses de prisión al que fuera administrador de Baycon Alimentación S.L. desde 2004, José Ramón P.M, por un delito de estafa cometido sobre un matrimonio ganadero de Traspinedo a quien adquirió una partida de chotos que finalmente no abonó, y, por contra, ha absuelto del mismo delito a su predecesor en el cargo, Manuel L.P, y al veterinario de la Junta de Castilla y León Jesús de S.B. que actuó de intermediario.

A pesar de que las acusaciones públicas solicitaron para los tres encausados penas de tres años y nueve meses de prisión, amén de otros dos años para Manuel L.P. por reincidente, la Sala vallisoletana ha resuelto condenar únicamente a José Ramón P.M, quien en 2004 dirigía Baycon Alimentación y fue quien se puso en contacto con las víctimas para que le suministraran los chotos para su posterior venta y comercialización a través de una oficina que tenía en Mercamadrid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su fallo, el tribunal no estima probado el engaño en la primera partida de animales, por importe de cerca de 50.000 euros, adquirido en mayo de 2004 por el condenado y no abonado a sus propietarios, el matrimonio compuesto por Samuel G.B. y María de las Victorias E.S, pero sí entiende que hubo delito de estafa en la segunda partida comprada en octubre, de ahí la condena impuesta de seis meses de cárcel--le aplica la atenuante de dilaciones indebidas--y la obligación de indemnizar a los perjudicados con 10.000 euros.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular habían coincidido en situar a Jesús de S.B, veterinario de la Junta de Castilla y León, como auténtico "cerebro" de la estafa sufrida por el matrimonio que suministró al primero y sus dos compañeros de banquillo, administradores de la mercantil Baycon Alimentación S.L, un total de 87 terneros y tan sólo cobró una pequeña parte de los 'chotos', quedando una deuda pendiente que superaba los 67.000 euros.

Los acusadores entendían que los tres procesados, a quienes además solicitaron que indemnizasen, conjunta y solidariamente, a los perjudicados con 67.500 euros, "se pusieron de común acuerdo" para la comisión del delito del que fueron víctima los vecinos de Traspinedo, que cobraron un primer pagaré y vieron cómo los restantes eran devueltos por falta de fondos.

Aunque el veterinario alegó en el juicio que actuó como mero intermediario entre los ganaderos y la empresa Baycon Alimentación, sin percibir siquiera la comisión pactada, las acusaciones le colocaron como principal artífice del engaño aprovechando la reputación que tenía en el sector y valiéndose para ello de sus compañeros de banquillo, Manuel L.P, quien ocupó la administración de la mercantil hasta junio de 2004 y cuya firma aparecía en todos los pagarés, así como su sucesor en el cargo y hasta entonces colaborador de la sociedad, José Ramón P.M.

MUCHO MÁS QUE INTERMEDIARIO

"Si Jesús de S.B. fuera un mero intermediario no habría tenido tanta capacidad de decisión", aseveró entonces la fiscal en referencia a que, según ella, el ahora absuelto no se limitó a actuar como comisionista sino que incluso fijó el número de terneros que Baycon iba a adquirir y el precio y con posterioridad, tras ser devueltos los pagarés, "fue el que llevaba la voz cantante en las distintas reuniones celebradas con los perjudicados para pactar una fórmula de pago".

Así, la acusación pública sostuvo que el veterinario fue quien "materializó" la operación y que tanto él como los otros dos acusados, vinculados con Baycon Alimentación, se repartieron los beneficios obtenidos con la estafa, al tiempo que calificó de "opaca" a dicha mercantil por cuanto no ha presentado las cuentas entre los ejercicios de 2003 y 2005 ni tampoco documentación sobre número de empleados y otros detalles importantes.

Por contra, las defensas de los tres imputados solicitaron un fallo absolutorio. En el caso del veterinario, su letrado le situó incluso como "víctima" al no haber cobrado la comisión pactada y, sobre todo, por haber visto "mancillada su reputación y credibilidad", mientras que el representante de Manuel L.P. insistió en que su patrocinado no participó en la operación y en que su sucesor en el puesto de administrador, José Ramón P.M, utilizó unos pagarés en blanco que el anterior había olvidado firmados en un cajón.

La defensa del aludido y único condenado, por su parte, argumentó que José Ramón trató en todo momento de saldar la deuda pero que no pudo afrontar los pagos debido a la mala marcha de la sociedad, de ahí que situara los hechos objeto de la presente causa en un mero incumplimiento contractual que tendría que ser dilucidado, en cualquier caso, en vía civil.